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Con la mira puesta en Wall Street, el Ministerio de Economía renueva un millonario contrato con Standard & Poor’s Global Ratings. ¿Se prepara el país para una nueva ola de endeudamiento internacional?
El Ministerio de Economía, con Luis Andrés Caputo a la cabeza, acaba de dar un paso crucial que indica sus intenciones de volver a los mercados de capitales internacionales. A través de la Resolución 422/2026, se aprobó la renovación de un contrato con la prestigiosa agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s Global Ratings. Este acuerdo, que se extenderá desde abril de 2025 hasta marzo de 2028, contempla un nuevo esquema de honorarios para la firma.
La medida se basa en la Ley 27.249, que autoriza a la Autoridad de Aplicación (el Ministerio de Economía) a contratar agencias calificadoras para operaciones de cancelación de deuda, emisión y colocación de nuevos títulos públicos. La continuidad de los servicios de S&P, una firma con “importante trayectoria y experiencia en el mercado nacional e internacional”, es vista como un requisito indispensable para que los bonos argentinos sean atractivos para los inversores globales.
En criollo, si Argentina quiere salir a buscar plata afuera, necesita que alguien de peso diga qué tan confiable es el país para pagar. Y esa "voz" es la de las calificadoras de riesgo. La decisión de extender este contrato es una señal clara de que el gobierno está preparando el terreno para futuras emisiones de deuda, ya sea para refinanciar pasivos existentes o para obtener nuevos fondos.
"La contratación de calificadoras de riesgo es un paso técnico, pero con un mensaje político y económico contundente: Argentina busca reinsertarse plenamente en el sistema financiero global."
Para los ciudadanos, esto significa que el país podría acceder a financiamiento en mejores condiciones, lo que eventualmente podría aliviar la presión sobre las finanzas públicas. Sin embargo, también reabre el debate sobre el nivel de endeudamiento externo y la dependencia de los vaivenes de los mercados internacionales. El gasto que demandará este contrato se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al Servicio de la Deuda Pública.
26 de febrero de 2026
31 de julio de 2025
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