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El Gobierno habilita a las fuerzas de seguridad federales a utilizar armas decomisadas al crimen, buscando austeridad y eficiencia operativa. Una medida que genera debate por su impacto y la vía elegida.
Un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el 103/2025, acaba de sacudir el tablero de la seguridad nacional. El Poder Ejecutivo, invocando "urgencia y necesidad", modificó la Ley N° 25.938 para permitir que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales utilicen las armas de fuego decomisadas al crimen organizado. Atrás quedaron años de acumulación o destrucción de armamento en "perfectas condiciones".
La medida sustituye los artículos 5° y 7° de la ley, estableciendo que la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS (ANMAC), bajo la órbita del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, podrá ahora entregar estas armas a las fuerzas para su "uso exclusivo". El Gobierno argumenta que esto no solo incrementa las capacidades operativas de las fuerzas, sino que también permite evitar un gasto innecesario en la compra de nuevo armamento, alineándose con los principios de austeridad y eficiencia fiscal.
Para el ciudadano común, esto significa que el Estado busca ser más pragmático en la lucha contra el delito, aprovechando recursos que de otro modo estarían en desuso y generando costos de depósito. Sin embargo, la utilización de un DNU para una medida de esta envergadura abre el debate sobre el rol del H. CONGRESO DE LA NACIÓN y la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE, a quienes se les deberá dar cuenta. La clave para la tranquilidad ciudadana será asegurar una trazabilidad óptima y evitar cualquier tipo de malversación o extravío de este armamento. ¿Será un paso efectivo contra el crimen o una puerta a nuevas controversias?
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