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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ajusta los aranceles por servicios de análisis de mercaderías, anclándolos a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) para evitar la desactualización por inflación, impactando directamente en los costos del comercio exterior.
¡Se acabó la estabilidad (o la desactualización) de los aranceles aduaneros! La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha lanzado la Resolución General 5786/2025, un golpe de timón que atará los costos de los servicios de análisis de mercaderías al valor de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Esto significa que los importadores y exportadores verán cómo el costo de los análisis que realiza la Dirección General de Aduanas (DGA) a través de la División Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (DV ITEM) se ajustará automáticamente con la inflación, en lugar de esperar nuevas resoluciones.
La ARCA argumenta que los aranceles previos eran insuficientes para cubrir los costos reales de los ensayos y los insumos. Al vincularlos a la UVA, que se actualiza según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), buscan un sistema más ágil y transparente que mantenga el valor real de los aranceles. En la práctica, esto implica que las empresas deberán pagar por estos servicios un monto en pesos que fluctuará según el valor de la UVA al día del pago, lo que podría generar mayor previsibilidad para el organismo pero incertidumbre en los costos para los operadores de comercio exterior.
El pago se realizará mediante Volante Electrónico de Pago (VEP), y el resultado del análisis solo se entregará con la constancia de pago. La medida, que deroga la Resolución General N° 4.271, entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Para el sector importador/exportador, esto es un llamado de atención para recalcular costos y estar atentos a la evolución de la UVA, que ahora será un factor clave en sus operaciones aduaneras. La dolarización implícita de estos servicios, aunque sea a través de un índice local, refleja la constante búsqueda del Estado por preservar el valor de sus ingresos en un contexto inflacionario.