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El IPS reconoce servicios insalubres a profesionales de la salud, pero les reclama fortunas en aportes. ¿Una paradoja que destapa años de precariedad laboral en el sistema público?
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires ha emitido resoluciones que ponen en el ojo de la tormenta la situación previsional de varios profesionales de la salud. En un giro que parece justicia por un lado y una carga económica por el otro, el IPS reconoce servicios como residentes y becarios en hospitales públicos como válidos para la jubilación, incluso como insalubres, pero simultáneamente les reclama deudas millonarias por aportes personales y contribuciones patronales no efectuados durante esos períodos.
Ricardo Nicolás Fernández, técnico profesional, debe afrontar $1.144.703,07 por aportes personales y $981.174,06 por contribuciones patronales por sus servicios entre 2007 y 2009. Su propuesta de pago en 24 cuotas fue rechazada por insuficiente, y ahora enfrenta una intimación de 10 días o la vía ejecutiva. Una situación que lo deja al borde del abismo financiero.
Gabriela Rosa Bacaluzzo, médica residente y becaria en el Hospital Magdalena V. de Martínez y Pedro Fiorito, se enfrenta a una deuda aún mayor: $14.973.283,52 por aportes personales y $11.229.962,64 por contribuciones patronales por el período 1993-1999, más otros $2.625.968,80 y $1.969.476,60 por el período 1999-2000. Afortunadamente, su propuesta de pago en 14 cuotas fue aceptada, pero la cifra es igualmente asfixiante.
Finalmente, María Aurora Hidalgo, médica residente y jefa en el Hospital San Roque de Gonnet y becaria en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, también tuvo sus servicios insalubres reconocidos. Sus deudas ascienden a $809.486,23 y $725.972,42 (1987-1991), y $634.749,89 y $476.062,42 (2005-2009). En su caso, la deuda por aportes personales fue declarada cancelada, e incluso se dispone la devolución de un monto excedente de $88.600,26.
Estos casos revelan un patrón: el Estado se beneficia de la labor de becarios y residentes con contratos precarios que no configuran relación de empleo público, pero luego, al reconocerles los derechos previsionales, les traslada la carga de los aportes no realizados. Es una contradicción flagrante que expone la vulnerabilidad de estos profesionales y la necesidad de una reforma estructural en las condiciones laborales del sector de la salud. Los afectados tienen 20 días para interponer recurso de revocatoria. ¡Atención! Si sos o fuiste becario/residente, revisá tu situación previsional.
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