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En un movimiento administrativo que destaca la valoración de la formación académica, dos agentes de la Administración Pública Provincial fueron beneficiados con una bonificación salarial por sus títulos universitarios, según un decreto de 2025.
En las oficinas de La Plata, el 7 de enero de 2026, se firmó la Resolución Nº 2-PALB-2026, un acto administrativo que pone en relieve la importancia de la capacitación profesional dentro del ámbito estatal. La medida autoriza el pago de la Bonificación por Título Universitario (BTU) a los agentes Mariana Pamela MEDINA y Néstor Atilio PIOVOSO.
Esta bonificación no es una novedad, sino la aplicación de un beneficio establecido por el Decreto N° 641/2025. Dicho decreto determinó la implementación de un adicional salarial destinado específicamente al personal profesional de la Administración Pública Provincial que posea un título de grado universitario y preste servicios bajo el régimen correspondiente. Es una forma de reconocer y retribuir la inversión en educación superior de los empleados públicos.
Para Mariana Pamela MEDINA y Néstor Atilio PIOVOSO, este significa un incremento en sus haberes, un premio a su formación y un incentivo para otros profesionales dentro de la administración. Aunque no se especifica el monto exacto de la bonificación, este tipo de adicionales suelen tener un impacto significativo en el poder adquisitivo de los beneficiarios.
La implementación de bonificaciones por título universitario busca profesionalizar la administración pública y retener talentos. En un país donde la educación superior es valorada, este tipo de políticas incentiva a los empleados a continuar formándose y a aplicar sus conocimientos en el sector público.
"Este tipo de bonificaciones son un reconocimiento justo a la dedicación y el esfuerzo que implica obtener un título universitario, y una inversión en la calidad de nuestro personal público."
Para el ciudadano común, estas medidas reflejan cómo se gestionan los recursos humanos en el Estado. Si bien se trata de un beneficio para el personal, se espera que la profesionalización redunde en una mejor calidad de los servicios públicos.
