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El Gobierno Nacional exime de derechos de importación y tasas aduaneras a tres empresas ferroviarias estatales para la adquisición de material rodante y repuestos, buscando fortalecer el transporte de cargas y pasajeros en el marco de la emergencia ferroviaria.
El Gobierno Nacional ha dictado una medida de alto impacto para el sector del transporte, eximiendo del pago de derechos de importación y de las tasas de estadística y comprobación a tres empresas clave del sistema ferroviario: Belgrano Cargas y Logística S.A., Operadora Ferroviaria S.A. y Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A. (ADIF S.E.). Esta decisión se enmarca en la declaración de emergencia pública en materia ferroviaria, prorrogada hasta junio de 2028, y busca dar continuidad a la renovación y fortalecimiento del sistema.
Las empresas habían realizado compras de vagones, repuestos y otros materiales esenciales para proyectos de inversión hasta el 31 de diciembre de 2025, bajo un régimen fiscal que preveía estas exenciones. Sin embargo, por razones ajenas a su voluntad, la mercadería no pudo ser embarcada antes del vencimiento de dicho plazo, lo que generaba un cambio sustancial en la estructura de costos y ponía en riesgo la concreción de las inversiones. La medida actual subsana esta situación, permitiendo que las importaciones ya comprometidas se beneficien de las exenciones.
La exención aplica a material para uso ferroviario, material rodante, maquinaria para mantenimiento, sistemas de señalamiento, componentes de frenado, y otros elementos necesarios para la infraestructura y operación ferroviaria, siempre que la industria nacional no esté en condiciones de proveerlos. Esto es crucial para mejorar la seguridad operativa, la eficiencia logística del transporte de cargas y la calidad del servicio de pasajeros, aspectos fundamentales para la competitividad de las economías regionales y la salud de los usuarios.
La decisión presidencial se fundamenta en la necesidad de superar el deterioro del sistema, tal como lo evidencian los informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que señalan un alto porcentaje de descarrilamientos y riesgos para la seguridad. Este decreto busca asignar recursos de manera eficaz para la recuperación del entramado ferroviario nacional.
