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El Presidente Milei rechazó el recurso de ITP Argentina S.A. que impugnaba la Licitación Pública para la adquisición de equipos antidisturbios. Millones en juego y la seguridad de las Fuerzas Federales en el centro de la polémica, con la empresa ahora obligada a buscar justicia en tribunales.
Un portazo presidencial resonó en el sector de la seguridad. El Presidente de la Nación, con el Decreto 780/2025, rechazó de forma definitiva el recurso jerárquico presentado por ITP ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70851982-7) contra la Resolución N° 1375/24 del ex Ministerio de Seguridad. Esta medida ratifica la adjudicación de la Licitación Pública N° 347-0021-LPU24, destinada a la compra de equipos antidisturbios para las Fuerzas de Seguridad.
ITP Argentina había fundamentado su recurso alegando que los productos ofertados por la adjudicataria del Renglón N° 2, RED IMPACT S.A. (CUIT N° 30-71054010-8), incumplían el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, especialmente en cuanto a la resistencia al impacto y protección balística de los cascos, además de un supuesto 'excesivo rigor formal' en la desestimación de su propia oferta. También cuestionó la oferta de TECNOLOGÍA ANTIBALAS S.A. (CUIT N° 30-71649167-2) para el Renglón N° 3.
Sin embargo, la Comisión Técnica de las Cinco Fuerzas Federales, compuesta por la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA y el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, fue contundente. En un acta del 26 de junio de 2025, ratificaron sus informes previos, señalando que ITP Argentina no aportó nuevos argumentos ni documentación que modificara el temperamento oportunamente adoptado.
La adjudicación original, que ahora queda firme, distribuyó renglones a varias empresas por montos millonarios:
Con esta decisión, la vía administrativa se agota para ITP Argentina, que podrá interponer una acción judicial dentro de los 180 días hábiles judiciales posteriores a la notificación. La adquisición de estos equipos es crucial para la operatividad y preparación de las fuerzas de seguridad en el país.
6 de febrero de 2026
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