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El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense aprueba una millonaria contratación directa para el control de plagas. Más de 81 millones de pesos destinados a desinfectar oficinas, en medio de un contexto de austeridad y lupa sobre el gasto público.
El Boletín Oficial bonaerense reveló una escandalosa adjudicación que pone en el ojo de la tormenta al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Se trata de la Contratación Directa - Procedimiento Abreviado N° 22/25, aprobada por la Disposición N° 34-DGAMDCGP-2026, que destina la friolera de ochenta y un millones novecientos setenta y dos mil pesos ($81.972.000,00) para un servicio mensual de Control de Plagas (desinfección, desinsectación y desratización) en las dependencias ministeriales.
La adjudicación recayó en la COOPERATIVA DE TRABAJO LARA LIMITADA, por un plazo de doce (12) meses, con la posibilidad de incrementar el requerimiento hasta en un cien por ciento (100%) del valor total o prorrogarlo por igual período. La otra oferta, de la firma CARLOS G BLANCO Y DIEGO G BLANCO S H, fue desestimada. Este monto, que se cargará al presupuesto general del Ejercicio 2026, genera un gran interrogante: ¿Es este un gasto esencial y eficiente en un momento donde cada peso cuenta para los bonaerenses?
Si bien el control de plagas es vital para la salubridad de los espacios públicos, el volumen del monto y la modalidad de contratación directa siempre generan suspicacias. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se administran los fondos públicos, especialmente cuando se trata de cifras tan elevadas. Este tipo de medidas, aunque administrativas, reflejan la priorización del gasto por parte del gobierno provincial. La transparencia en estos procesos es clave para evitar la percepción de un "Estado elefantiásico" que no mide sus erogaciones.
"Un contrato de esta magnitud para servicios rutinarios debe ser examinado con lupa. La ciudadanía exige eficiencia y justificación en cada gasto."
Es fundamental que los organismos de control, como la Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, que ya tomaron intervención, aseguren que cada paso se dio conforme a la normativa y que el servicio contratado se ajuste a las necesidades reales y a un precio de mercado competitivo. Los bonaerenses merecen la tranquilidad de que sus impuestos se utilizan de forma responsable.
