¡BOMBA ADUANERA! El Gobierno simplifica garantías para importadores y exportadores

El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 838/2025, ha desatado una verdadera tormenta de simplificación en el ámbito del comercio exterior argentino. Publicado el 27 de noviembre de 2025, esta medida busca dinamizar las importaciones y exportaciones al flexibilizar drásticamente los requisitos para presentar garantías ante el servicio aduanero.

¿Qué Cambia Exactamente?

La clave de esta reforma está en la modificación del artículo 56 del Decreto Nº 1001/82. Anteriormente, la posibilidad de utilizar un 'documento firmado' por los interesados como garantía aduanera estaba limitada a las destinaciones definitivas de exportación a consumo. Ahora, el alcance se amplía de forma explosiva: este instrumento será suficiente para todas las destinaciones aduaneras, ya sean definitivas o suspensivas, tanto de importación como de exportación. Esto significa un adiós a la necesidad de costosas pólizas de caución o garantías bancarias para una vasta gama de operaciones, salvo contadas excepciones específicas.

Además, se deroga el inciso e) del mismo artículo, consolidando la nueva modalidad como la opción preferente y simplificada.

Impacto en el Bolsillo y la Burocracia

Esta movida es un golpe directo a la burocracia pesada y un alivio para el sector privado. Las empresas, desde las pymes hasta los grandes jugadores del mercado, verán una reducción significativa en los costos operativos y una agilización innegable de los trámites. El Gobierno busca con esto no solo modernizar el sistema aduanero, sino también impulsar la competitividad de las empresas argentinas en el escenario global. La medida se alinea con una clara agenda de desregulación y fomento del mercado, bajo el lema de ofrecer alternativas "menos gravosas y más accesibles".

Un Vistazo al Contexto

Este decreto no surge de la nada. Se inscribe en una línea de acción que ya había iniciado con el Decreto N° 1327 de 2004, que introdujo por primera vez el 'documento firmado' para exportaciones. Ahora, la administración actual pisa el acelerador, extendiendo este beneficio a la totalidad de las operaciones, demostrando un compromiso firme con la facilición del comercio y la confianza en la solvencia de los operadores. La AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (que toma la posta de la ex AFIP en esta materia) será la encargada de fijar las formas y condiciones de este nuevo régimen.

Para el ciudadano común, esto se traduce en una potencial mayor fluidez en la disponibilidad de productos importados y una mayor facilidad para que las empresas nacionales coloquen sus productos en el exterior, lo que podría impactar positivamente en la economía general.