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Los Ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores declaran a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como amenaza a la seguridad nacional, solicitando su inscripción en el registro de entidades terroristas. Una movida de alto impacto internacional.
En una decisión que promete resonar en la geopolítica internacional, los Ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto han emitido la Resolución Conjunta 3/2026, declarando a la organización terrorista CUERPOS DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (CGRI) como una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional argentina. Esta medida implica la solicitud de su inscripción en el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET), creado por el Decreto Nº 918/12.
La resolución se basa en "informes de carácter reservado" que señalan la "amplia evidencia" de la participación directa del CGRI en el financiamiento y ejecución de atentados terroristas. Argentina, como firmante de diversas convenciones internacionales contra el terrorismo (como la de Palermo y la de Financiación del Terrorismo), se compromete a combatir eficazmente la delincuencia organizada y la financiación de actos terroristas.
La inclusión del CGRI en el RePET es una herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento. Esto no solo implica la posibilidad de congelar fondos y activos financieros de la entidad en territorio argentino, sino que también facilita la cooperación internacional y el intercambio de información para combatir el crimen organizado, que es considerado una "amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público".
Esta decisión se da en un marco donde Argentina ya ha sufrido dos de los atentados terroristas más graves de su historia (AMIA y Embajada de Israel), y cualquier paso en la lucha contra el terrorismo es observado con lupa. El artículo 41 quinquies del Código Penal Argentino ya establece penas agravadas para delitos cometidos con fines terroristas, y el artículo 306 castiga la financiación del terrorismo. La medida, que cuenta con la conformidad del Ministerio de Justicia, busca alinear al país con las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Para el ciudadano común, esta declaración subraya la importancia de la seguridad nacional y la lucha contra amenazas externas. Aunque la implicación directa es para las instituciones y el sistema financiero, el mensaje es claro: Argentina refuerza su postura contra el terrorismo internacional y sus redes de financiación. Es un recordatorio de que la seguridad es una prioridad y que el Estado está activo en la defensa de sus intereses y de la vida de sus habitantes. Para futuras actualizaciones, se recomienda seguir los comunicados de los Ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores.
