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El INAES vuelve a suspender la polémica resolución que había derogado la prohibición de ciertas cooperativas de trabajo, sumiendo al sector en un *déjà vu* de incertidumbre. ¿Se abre la puerta a la precarización o es un respiro para miles de trabajadores?
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) ha dictado una medida que sacude el tablero del cooperativismo de trabajo: la Resolución 218/2025. Con un giro que genera más dudas que certezas, se suspende por 120 días la ejecutoriedad de la RESFC-2020-581-APN-DI#INAES. Pero, ¿qué significa este enredo burocrático para los trabajadores y las empresas?
La clave está en la historia: la Resolución 1510/1994 prohibía que ciertas cooperativas (como las de agencias de colocaciones, limpieza, seguridad o servicios eventuales) fueran aprobadas si su objeto era esencialmente la "venta de fuerza de trabajo o mano de obra a terceros". Luego, la 581/2020 dejó sin efecto esa prohibición, un paso hacia la desregulación. Sin embargo, en un movimiento posterior, la 1137/2020 suspendió la 581/2020, lo que implicaba que la prohibición original volvía a estar vigente. Ahora, la nueva Resolución 218/2025 vuelve a suspender la 581/2020. En resumen, el efecto práctico de esta nueva suspensión es que la prohibición original de 1994 vuelve a estar en pie, al menos por 120 días.
Esto genera un "limbo legal" para miles de cooperativas y trabajadores que se dedican a estas actividades. La resolución lamenta que una comisión prometida en 2020 para analizar la situación "nunca se conformó", lo que "agudizó la situación de incertidumbre". Ahora, se encomienda a la Presidencia del INAES que realice consultas con la Secretaría de Trabajo de la Nación para "resolver la problemática planteada".
Para el ciudadano común y las empresas, esta medida implica una fuerte intervención estatal en la definición y límites de las cooperativas de trabajo. Las cooperativas de limpieza, seguridad o servicios eventuales, entre otras, se encuentran nuevamente bajo el ojo de la regulación restrictiva, lo que podría afectar su operatoria y la estabilidad de sus socios. La seguridad jurídica brilla por su ausencia en un sector que clama por reglas claras. La pelota ahora está en la cancha de la Secretaría de Trabajo para encontrar una solución definitiva.
