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Con un decreto contundente, el Poder Ejecutivo disuelve el PRODAF, el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el de Vivienda Social. Acusaciones de irregularidades y falta de justificación en el gasto marcan el fin de programas millonarios. ¿Qué pasará con los beneficiarios y el futuro de estas políticas?
El Gobierno Nacional ha desatado una verdadera tormenta en el panorama económico y social con el Decreto 6/2025, que ordena la disolución de tres fondos fiduciarios públicos estratégicos: el Fideicomiso “Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar” (PRODAF), el “Fondo Fiduciario del Servicio Universal” y el “Fondo Fiduciario para la Vivienda Social”. La medida, dictada el 3 de enero de 2025, no solo los disuelve sino que deroga los artículos de las leyes que los crearon, marcando un quiebre en políticas de larga data.
Las justificaciones esgrimidas por el Poder Ejecutivo son lapidarias. Del PRODAF, se argumenta que “ha cumplido con su objeto”. Pero la crítica se vuelve más filosa para los otros dos: el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (destinado a garantizar el acceso a las TIC) es señalado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por “programas anteriores al año 2021 que se encuentran en ejecución durante 2024, no constando un instrumento que haya previsto su prórroga” y por “proyectos aprobados [...] donde no se pudo fundamentar dicha condición”. Es decir, se cuestiona la transparencia y eficiencia en la asignación de recursos. Para el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el panorama no es mejor: la SIGEN detectó “obras que se encuentran rescindidas” sin devolución de sumas y “obras culminadas que no cuentan con rendición final”.
Esta drástica decisión, enmarcada en la Ley N° 27.742 que autoriza al Ejecutivo a disolver fondos fiduciarios públicos, pone al Ministerio de Economía como fiduciante para dirigir la disolución y posterior liquidación. El impacto es monumental: ¿qué sucederá con la agricultura familiar, con el acceso a la conectividad en zonas vulnerables y con los planes de vivienda social que dependían de estos fondos? La medida es un claro mensaje de desregulación y achicamiento del Estado, con consecuencias aún incalculables para millones de argentinos.
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