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Una serie de resoluciones impactan de lleno en el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), derogando normativas obsoletas, simplificando trámites y unificando aranceles. ¿Adiós a la pesadilla burocrática para empresas y comerciantes?
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, ha lanzado un verdadero misil desregulador contra la maraña de normativas que regían la metrología legal en Argentina. En un movimiento audaz, se han derogado varias resoluciones que generaban incertidumbre y cargas administrativas innecesarias para el sector productivo y comercial.
La Resolución 20/2025 es un claro ejemplo. Se elimina la Resolución N° 185/2000 sobre Medidas Materializadas de Longitud y se incorpora la Resolución MERCOSUR/GMC N° 21/2022, alineando al país con los estándares regionales. Además, se fulminan las resoluciones N° 84/2012 y N° 85/2012, que regulaban los Tanques Fijos de Almacenamiento y los Medidores de Petróleo y derivados, respectivamente. ¿El argumento? Eran redundantes y carecían de aplicación efectiva, generando un "dispendio de recursos" para las empresas que ya se basaban en normas técnicas internacionales (ISO-IRAM e IRAM-IAPG). En criollo, se acabó la doble auditoría que solo complicaba la vida.
Pero la cosa no termina ahí. La Resolución 22/2025 trae un cambio que hará suspirar de alivio a muchos: se establece un Único Arancel por trámite equivalente a UNA (1) Unidad Móvil para todas las gestiones metrológicas. Esto unifica y simplifica drásticamente los 143 aranceles previos, que ya habían sido reducidos a 75. ¡Menos papeles, menos idas y vueltas! Este arancel se actualizará anualmente por el IPC, buscando mantener su valor real. La medida busca equilibrar los incentivos para la producción y la competitividad, eliminando "trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de las transacciones".
Finalmente, la Resolución 25/2025 pone fin a décadas de regulaciones vetustas para los Instrumentos de Pesar de Funcionamiento No Automático (léase, balanzas y básculas). Se aprueba un nuevo Reglamento Técnico y Metrológico que toma como referencia las recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML). Esto significa que las balanzas que se fabriquen, comercialicen o importen deberán cumplir con estándares del siglo XXI. Se otorgan plazos de gracia: 3 años para la adecuación de instrumentos clase I y II, y hasta 5 años para la disponibilidad de laboratorios acreditados para ciertos ensayos. Además, la verificación periódica será cada 24 meses, dando más aire a los usuarios. Los usuarios y fabricantes tendrán un plazo de 10 y 5 años, respectivamente, para seguir utilizando y comercializando instrumentos bajo la reglamentación anterior. Un paso gigante para asegurar la confiabilidad de las mediciones y proteger al consumidor, sin asfixiar a la industria con cambios abruptos.
Estas medidas, en conjunto, buscan una "verdadera desburocratización y simplificación de los procesos productivos", prometiendo un impacto positivo en la competitividad y en los costos de transacción que, en última instancia, benefician al consumidor.
