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Un decreto explosivo sacude la Administración Pública Nacional: disoluciones masivas de organismos clave, transformaciones polémicas y reasignaciones que redibujan el mapa del Estado. Desde la seguridad vial hasta el cannabis medicinal, nadie se salva del "tijeretazo" oficial.
El Gobierno Nacional ha lanzado un decreto de impacto sísmico que redefine la estructura de varios organismos estatales, generando un verdadero terremoto burocrático en el Ministerio de Economía. Se trata del Decreto N° 585/2025, que no solo suprime y modifica objetivos de secretarías clave, sino que también disuelve y transforma entidades con décadas de trayectoria.
La medida es contundente: se confirma la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI). También caen el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y la Comisión Nacional de Alimentos.
En paralelo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) muta en la flamante Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte ahora es la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dejan de ser descentralizados para integrarse como unidades operativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Lo mismo ocurre con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que se desconcentra bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio. La Casa de Moneda también cambia su estatus a Sociedad Anónima Unipersonal.
Este rediseño no es solo un cambio de nombres. La desaparición de la ANSV genera interrogantes sobre quién velará por la seguridad vial y cómo se gestionarán las licencias y antecedentes de tránsito, ahora transferidos a la Subsecretaría de Transporte. La disolución del INAFCI y el INASE podría afectar a pequeños productores y al control de la calidad de las semillas, con sus funciones principales pasando directamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Para la industria del cannabis, el decreto clarifica roles, asignando al Ministerio de Economía (vía Secretaría de Industria y Comercio) la regulación del cáñamo industrial y biomasa, y a la Secretaría de Agricultura la competencia sobre las semillas. La creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión abre una nueva puerta para inversores extranjeros que busquen residencia en el país, aunque los detalles de sus programas aún están por verse.
"El Gobierno busca 'achicar el Estado', pero la disolución de organismos clave puede generar vacíos de control y servicios esenciales para la ciudadanía y sectores productivos", advierten analistas.
Es crucial señalar que este tsunami de cambios no fue total: la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se salvaron, al menos por ahora, gracias a medidas cautelares dictadas por la justicia, lo que introduce una nota de incertidumbre y posible inconsistencia en la implementación de la reforma.
La atención de las erogaciones de las áreas afectadas se mantendrá con los créditos presupuestarios de origen hasta que se realicen las adecuaciones correspondientes. Los ciudadanos y las empresas deberán estar atentos a las próximas normativas que detallarán cómo operarán las nuevas estructuras y quién asumirá las funciones de los organismos disueltos. El Boletín Oficial será, más que nunca, la guía indispensable para navegar este nuevo laberinto estatal.
