¡Bomba en el comercio exterior! El Gobierno rediseña la defensa antidumping

El Gobierno ha lanzado una reforma monumental en las reglas del juego del comercio exterior argentino, con la publicación del Decreto 33/2025 que deroga normativas de casi tres décadas (Decretos Nros. 1059/96, 1219/06 y 1393/08). Este "super decreto" unifica y simplifica los procedimientos para investigar prácticas de comercio internacional desleales, como el dumping y las subvenciones, y la aplicación de medidas de salvaguardia.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) se erige como la pieza central de este nuevo esquema, asumiendo la exclusiva competencia para instruir procedimientos, determinar la existencia de dumping o subvención, evaluar el daño a la producción nacional y la relación de causalidad. El Ministerio de Economía será el encargado de dictar las resoluciones finales.

Entre los puntos más salientes, se establecen:

• Plazos más estrictos: Las investigaciones por dumping y subvenciones deberán concluir en un máximo de OCHO (8) meses, con prórrogas excepcionales. Antes, eran más laxos.
• Asesoramiento optativo: Se crea una instancia de asesoramiento para productores nacionales que quieran iniciar investigaciones.
• Transparencia y Eficacia: Se busca agilizar la interacción entre el Estado y los administrados, optimizando la capacidad técnica de los organismos.
• Elusión de medidas: Se definen y regulan las prácticas de elusión de medidas antidumping, como la importación de partes para ensamblar un producto investigado.
• Suspensión excepcional: El Ministerio de Economía podrá suspender transitoriamente la aplicación de derechos antidumping o compensatorios por "razones atinentes a la política general de comercio exterior y al interés público". Esta cláusula podría generar controversia al introducir un componente de discrecionalidad política.
• Reorganización interna: Se suprime el Servicio Administrativo Financiero 323 de la CNCE, que ahora se integrará al SAF 362 de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, buscando una mayor coordinación.

La medida es presentada como una herramienta para dotar de agilidad y transparencia a los procedimientos, pero la centralización de funciones y la cláusula de suspensión por "interés público" podrían generar debates sobre la discrecionalidad en la protección de la industria nacional frente a la apertura económica. Los importadores y exportadores deberán estar atentos a los nuevos procedimientos y plazos que, según el decreto, buscan contrarrestar el daño y evitar fines proteccionistas.