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El Ministerio de Transporte bonaerense destraba la madeja de las compensaciones tarifarias para el AMBA, aprobando nuevos cálculos de costos y subsanando errores. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en la compleja red de subsidios al colectivo?
LA PLATA, 30 de enero de 2026. Se destapa la olla del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una serie de resoluciones que reafirman y ajustan el polémico sistema de subsidios. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Fabio Marinucci, ha puesto en marcha una actualización clave para el "Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de pasajeros del AMBA", creado por Decreto N° 3231/25.
La trama se teje en varias capas:
La Resolución N° 19/26 (y su rectificatoria N° 33/26) es central. Esta norma no solo aprobó el Listado de Beneficiarias de las compensaciones (corrigiendo un "error involuntario" en la nómina inicial), sino que también validó la "Metodología de Cálculo de Costos e Ingresos medios" para el transporte automotor urbano y suburbano del AMBA. ¿Qué significa esto? Que ahora hay un marco técnico para determinar el Costo por Kilómetro de una "empresa modelo" eficiente y la "tarifa técnica promedio" que equilibra ingresos y gastos del sistema.
La metodología divide a las líneas en cuatro agrupamientos tarifarios: Provinciales (UPA), Provinciales Kilométricas (UPA KM), Municipales UMA 1 y Municipales UMA 2, cada una con sus particularidades de jurisdicción y recorrido. Esto es crucial porque define cómo se calculan los subsidios que, en última instancia, sostienen las tarifas actuales.
La Ley N° 25.031 (referida en los considerandos) y las resoluciones del Ministerio de Transporte culminan en la aprobación de los "Cálculos de los Costos e Ingresos Medios" para el primer cuatrimestre de 2026. Más importante aún, se establecen los montos de las compensaciones tarifarias que se distribuirán entre las empresas prestatarias.
Esto impacta directamente en:
El contexto es una constante puja entre el costo real del servicio, la capacidad de pago de los usuarios y la voluntad política de sostener el sistema con fondos públicos. La transparencia en la metodología de cálculo y la distribución de estos fondos es siempre un punto sensible. Se notifica a las Cámaras representativas del sector y a los municipios del AMBA, buscando una mayor articulación. Se recomienda a los usuarios y empresas seguir de cerca las comunicaciones oficiales del Ministerio de Transporte para futuras actualizaciones y detalles sobre la aplicación de estas medidas.
