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En un giro 'desregulador', la CNRT deroga normativas que controlaban cupos de gasoil y exigían declaraciones juradas a transportistas. ¿Menos burocracia o un salto al vacío para el sector?
¡Atención, transportistas! La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ha dado un golpe de timón que podría cambiar las reglas del juego. Mediante la Disposición 397/2025, el organismo derogó dos resoluciones clave: la N° 988/2008, que creaba áreas específicas para la 'Gestión Cupos de Gas Oil' y su control, y la N° 1966/2008 (modificada por la N° 45/2012), que obligaba a validar trimestralmente declaraciones juradas de información estadística a un porcentaje significativo de operadores de transporte automotor de pasajeros.
Esta medida se enmarca explícitamente en el 'plan de desregulación y simplificación del Estado' impulsado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 y el Decreto N° 90/2025. Según los considerandos, la derogación se justifica por la existencia de 'nuevos procedimientos técnicos y nuevas metodologías que permiten realizar los controles de manera objetiva a través del avance tecnológico'. En otras palabras, la CNRT argumenta que ya no necesita los viejos mecanismos de control manual o declarativo porque la tecnología permite una fiscalización más eficiente y menos burocrática.
¿Cómo afecta esto a la sociedad y a las empresas? Para los operadores de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, esto significa una reducción de la carga administrativa. Ya no tendrán que lidiar con la validación trimestral de declaraciones juradas de información estadística, lo que podría liberar recursos y tiempo. Sin embargo, surge la pregunta sobre la transparencia y la efectividad de los nuevos controles 'tecnológicos'. ¿Serán igual de robustos o se abrirá una puerta a la falta de información crucial sobre el consumo de gasoil y la operación del sector?
El Estado busca 'simplificar y optimizar los procesos, fortaleciendo tanto la eficacia productiva como la eficiencia técnica'.
Este es un claro movimiento pro-mercado y desregulador que busca aliviar la presión sobre las empresas, pero que también podría generar un debate sobre el nivel de supervisión estatal en un sector tan sensible como el transporte público. Los ciudadanos comunes no verán un impacto directo inmediato, pero la calidad del servicio y la transparencia de la información podrían verse afectadas a largo plazo, para bien o para mal. Habrá que estar atentos a cómo se implementan esos 'nuevos procedimientos técnicos' y si realmente garantizan el control necesario.
13 de enero de 2026
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