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El Ministerio de Justicia pone fin a décadas de contrataciones a través de ACARA y elimina los polémicos "incentivos", tras un fallo de la Corte Suprema. ¿Fin de la fiesta de los sueldos desiguales?
Una verdadera sacudida se vive en el Ministerio de Justicia tras la Resolución 376/2024, que instruye la finalización de las contrataciones de personal a través del Ente Cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) a partir del 31 de diciembre de 2024. Pero la medida va más allá: también se ordena el cese del pago de los controvertidos "incentivos" al personal, que se abonaban desde hace décadas.
Esta decisión, que busca "corregir un sistema anormal" que generó "distorsiones en la estructura salarial" y "un indebido privilegio", es un golpe de timón impulsado por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Durante años, estas contrataciones y pagos extra se realizaron por fuera del régimen de empleo público, creando diferencias abismales entre agentes que realizaban las mismas tareas, una violación flagrante del principio constitucional de "igual remuneración por igual tarea".
El punto de inflexión fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso "Ferrara Muñiz, Emilio Vicente y otros") del 10 de septiembre de 2024, que declaró el carácter remunerativo de estos incentivos. Esto obligó al Estado a afrontar el pago de aportes y contribuciones por períodos no prescriptos, generando "grandes erogaciones para las arcas públicas". El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, argumenta que la supresión de estos regímenes corrige un "indebido privilegio" y genera igualdad.
Para los agentes implicados, la medida implica un cambio drástico en sus condiciones laborales y salariales. Para el Estado, representa un intento de ordenar las cuentas y cumplir con la Constitución, aunque también abre la puerta a posibles conflictos laborales y reubicaciones de personal. Este es un paso audaz en la reestructuración del aparato estatal, buscando la transparencia y equidad en la administración de los recursos humanos y financieros.
