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El Ministerio de Justicia pone fin a un sistema de contratación "anormal" de décadas con ACARA y elimina incentivos que generaron fallos millonarios de la Corte Suprema. ¡Se acabó el privilegio!
En un golpe de timón que promete sacudir los cimientos del Ministerio de Justicia, la Resolución 376/2024 firmada por el Ministro Mariano Cúneo Libarona, ordena el cese de las contrataciones de personal a través del Ente Cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) a partir del 31 de diciembre de 2024. Pero la medida va más allá: también suprime los polémicos "incentivos" que se pagaban a los agentes del Ministerio, con un impacto que se prevé multimillonario para las arcas públicas.
La resolución no se anda con chiquitas y califica al sistema de contratación con ACARA como "anormal durante décadas", generador de "distorsiones en la estructura salarial" y "diferencias entre los agentes de la propia Jurisdicción", violando el principio constitucional de "igual remuneración por igual tarea". ¡Una verdadera radiografía de la burocracia argentina!
El documento revela que estos incentivos, no previstos en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), llevaron a la judicialización de cientos de reclamos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un fallo en septiembre de 2024 (caso "Ferrara Muñiz"), dio la razón a los agentes, obligando al Estado a afrontar el pago de aportes y contribuciones por períodos no prescriptos, lo que implica "grandes erogaciones para las arcas públicas".
Esta decisión, enmarcada en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742, que delega facultades en el Poder Ejecutivo para mejorar el funcionamiento del Estado, representa un paso firme hacia la readecuación de la planta de personal y la eliminación de prácticas que, según el propio Ministerio, desvirtuaron la carrera administrativa y generaron un enorme costo fiscal. ¡La purga de privilegios está en marcha!
