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La Jefatura de Gabinete de Ministros sacude el tablero de la inversión pública. Se actualizan los topes para proyectos y la exigencia de informes clave. ¿Quiénes ganan y quiénes deberán ajustarse a las nuevas reglas del juego millonario?
¡Atención, gestores de proyectos y empresas! La Dirección Nacional de Inversión Pública ha lanzado una disposición que redefine las reglas del juego para los proyectos que buscan financiamiento estatal. Con la , se actualizan los montos máximos que los organismos pueden aprobar directamente para su inclusión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), y también el umbral a partir del cual se exige un 'Documento Analítico Complementario'.
El establece que los proyectos de inversión de hasta PESOS TRES MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES ($ 3.045.000.000) podrán ser aprobados directamente por el organismo iniciador. ¡Una cifra impactante que marca el límite para la autonomía en la gestión de fondos! Anteriormente, este monto se calculaba en función del UNO POR MIL (1‰) del presupuesto anual de inversión pública.
Pero hay más: el fija en PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES ($ 30.459.000.000) el umbral a partir del cual se vuelve obligatoria la presentación del "Documento Analítico Complementario" ante la Dirección Nacional de Inversión Pública. Este informe detallado es crucial para proyectos de mayor envergadura y deberá presentarse antes del 15 de junio de 2026.
Estas cifras se basan en la proyección de gastos de capital del Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional para el año 2025, que asciende a PESOS TRES BILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO COMA CINCO MILLONES ($ 3.045.964,5 millones), según informó la Oficina Nacional de Presupuesto. La medida, que deroga la anterior , busca alinear los topes con la realidad presupuestaria y entrará en vigencia el 1° de enero de 2026.
19 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025
22 de diciembre de 2025
Esta disposición impacta directamente a todos los organismos y entes del Estado nacional que gestionan o proponen proyectos de inversión pública. También es relevante para las empresas privadas que participan como contratistas o proveedores en estas iniciativas, ya que los montos y requisitos de aprobación pueden influir en la dinámica de licitaciones y adjudicaciones. La transparencia y el control sobre el gasto público son los pilares de este ajuste, buscando una gestión más eficiente de los recursos.
