¡Bomba en las Cárceles! El Gobierno Frena Traslados de Género por Seguridad de Mujeres

¡Alerta máxima en el sistema penitenciario argentino! El Gobierno de Javier Milei ha lanzado una bomba que promete encender el debate sobre derechos y seguridad en las cárceles. A través del Decreto 61/2025, publicado hoy, se introduce una reglamentación crucial al artículo 176 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (N° 24.660), buscando blindar la seguridad de las mujeres alojadas en establecimientos penitenciarios.

La medida surge como una respuesta directa a lo que el Ejecutivo califica como "casos aberrantes" y "ejercicio abusivo" de la Ley de Identidad de Género (N° 26.743). Según el decreto, se detectaron situaciones donde personas que habían rectificado registralmente su sexo consiguieron ser reubicadas en cárceles de mujeres, para luego cometer delitos, ¡incluso de índole sexual!, contra otras internas. El caso de Córdoba es señalado como un ejemplo escalofriante de esta problemática.

El Giro Radical en la Asignación Carcelaria

A partir de ahora, la administración penitenciaria asignará el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de una persona privada de su libertad en función del sexo que la persona registraba al momento del hecho por el cual fue detenida. Este es un giro copernicano que busca prevenir futuros incidentes.

Además, se prohíbe explícitamente el alojamiento en cárceles de mujeres de quienes hayan tramitado la rectificación registral de su sexo si:

• Fueron detenidos por delitos contra la integridad sexual, con violencia de género, o contra la vida (Títulos I, III o V del Libro Segundo del Código Penal).
• Una evaluación técnica de la autoridad penitenciaria determina que su presencia representa un riesgo para la seguridad, integridad física, psíquica, moral o la vida de las demás internas.

Si una persona inicia el trámite de rectificación de sexo después del delito y lo usa para pedir traslado a una cárcel de mujeres, la solicitud será denegada. El decreto también exige a los establecimientos penitenciarios tomar medidas para resguardar la seguridad de las personas que tramitan o finalizaron la rectificación de sexo, pero siempre sin poner en riesgo a los demás internos.

Esta polémica decisión busca equilibrar el derecho a la identidad de género con la obligación del Estado de garantizar la seguridad en las prisiones, un mandato de la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica. La tensión entre la libertad individual y el bien común se manifiesta con fuerza en este terreno, priorizando la protección de las mujeres en un entorno vulnerable. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires son invitadas a adherir, lo que podría extender esta política a nivel nacional. Los ciudadanos deben estar atentos a cómo se implementa esta norma y a las reacciones que genere, ya que toca fibras sensibles de la justicia y la convivencia social.