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La Secretaría de Energía destrabó la adjudicación de contratos para el almacenamiento eléctrico en el AMBA, inyectando 150 MW extra al sistema y lanzando un registro nacional que reconfigura el mapa energético. ¿Fin a los cortes?
La Secretaría de Energía acaba de dar un golpe de timón en el sector eléctrico, adjudicando los esperados Contratos de Generación de Almacenamiento para la región del AMBA. Tras un proceso que incluyó 27 ofertas y una puja por 1.347 MW, la potencia objetivo inicial de 500 MW fue superada, sumando 150 MW adicionales para reforzar la confiabilidad del sistema. Esta medida es crucial en un contexto de emergencia energética que se extiende hasta fines de 2025.
La resolución no solo define a los ganadores de la licitación, sino que también rectifica un error material en la Resolución N° 361/2025, aclarando que el precio es de USD/MW-mes y no USD/MWh-mes, un detalle técnico con impacto económico. Además, se invita a oferentes que no habían sido adjudicados a presentar mejoras a un precio de adhesión de USD 12.591 por MW-mes, buscando maximizar la capacidad de almacenamiento. La medida también modifica los plazos de reintegro del Esquema de Pagos, incentivando la habilitación comercial de proyectos más rápido: 100% hasta agosto de 2026, 75% hasta agosto de 2027 y 50% hasta diciembre de 2028.
Pero la gran novedad es la creación del REGISTRO NACIONAL DE PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (RENPALMA). Este nuevo organismo, dependiente de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, obliga a todos los proyectos de almacenamiento conectados al SADI a inscribirse y mantener su información actualizada. Esto marca un antes y un después, ya que la Ley N° 24.065 fue modificada para incorporar la figura del "almacenista" como un nuevo actor clave. La movida busca garantizar la regularidad y continuidad del servicio eléctrico, especialmente de cara a los picos de demanda estivales. Para el ciudadano de a pie, esto podría significar una mayor estabilidad en el suministro eléctrico y una menor probabilidad de sufrir cortes en los momentos críticos. Para las empresas del sector, implica un marco regulatorio más claro y nuevas oportunidades de inversión, pero también la obligación de registrarse y cumplir con la normativa.
31 de julio de 2025
19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026