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La Secretaría de Energía desregula el sector, descentraliza la gestión de combustibles y dispara los costos de la energía no suministrada para incentivar inversiones. ¿Se viene la luz más cara o un sistema más eficiente?
La Secretaría de Energía acaba de lanzar un misil regulatorio que promete sacudir los cimientos del sector eléctrico argentino. Con la Resolución 21/2025, se derogan viejas normativas y se abre la puerta a un esquema mucho más liberal, con la mira puesta en atraer inversiones y garantizar el suministro, aunque con un costo potencial para el bolsillo de los usuarios.
La medida principal es la eliminación de restricciones para generadores térmicos, hidroeléctricos y nucleares, que ahora podrán cerrar contratos directos en el Mercado a Término desde el 1° de enero de 2025. Esto significa más libertad para las empresas y, en teoría, mayor competencia. Pero la descentralización no queda ahí: también se deroga la Resolución N° 354/2020, que centralizaba la gestión del gas, permitiendo que los generadores térmicos operen con mayor autonomía en la compra de su propio combustible a partir del 1° de febrero de 2025. ¡Adiós a la mano dura del Estado en el gas!
Otro punto candente es el brutal aumento del Costo de la Energía No Suministrada (CENS), que pasa a ser de 1.500 USD/MWh a partir del 1° de febrero de 2025, con valores escalonados que van desde 350 USD/MWh hasta 1.500 USD/MWh según el porcentaje de falla. Este valor, que antes era una sombra, ahora es un mazazo económico para el sistema cuando hay cortes. La idea es que este costo altísimo obligue a invertir en infraestructura y eficiencia, pero la pregunta es: ¿quién paga el pato si los cortes persisten? Los expertos ya advierten que esto podría trasladarse directamente a las tarifas que pagamos todos.
Finalmente, se derogan partes clave de la Resolución N° 1.281/2006, que regía el famoso “Servicio Energía Plus”. Los nuevos contratos bajo esta modalidad tendrán fecha límite hasta el 31 de octubre de 2025, marcando el fin de una era y buscando integrar estos servicios al mercado general.
Todo esto se da en el marco de la emergencia del Sector Eléctrico Nacional (Decreto N° 55/2023, prorrogado por N° 1.023/2024) y la flamante Ley de Bases N° 27.742, que empujan hacia un sistema energético más sostenible, pero sobre todo, más de mercado. La excusa oficial es clara: infraestructura obsoleta, demanda creciente y una dramática reducción en la importación de gas de Bolivia, sumado a la limitada producción local. El Gobierno busca que el mercado resuelva lo que el Estado no pudo.
"Las modificaciones propiciadas a través de la presente medida procuran normalizar el funcionamiento del MEM, eliminando restricciones innecesarias para la contratación bilateral, descentralizando la gestión de combustibles y creando incentivos económicos que estimulan la incorporación de nueva capacidad de generación en condiciones competitivas."
Para el ciudadano de a pie: Atentos a la factura de luz. Estos cambios podrían significar aumentos significativos en el mediano plazo, pero también la promesa (si las inversiones llegan) de un servicio más confiable. El sector energético está en plena ebullición, ¡y se espera un verano caliente en materia de precios!
