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El gobierno bonaerense disuelve el Fondo Fiduciario PROFIDE y transfiere más de 107 mil millones de pesos al Tesoro Provincial a través del Instituto de la Vivienda, en una reestructuración presupuestaria que redefine el manejo de fondos para infraestructura y vivienda.
En un movimiento de alto impacto que redefine el mapa financiero provincial, el Ministerio de Economía bonaerense, bajo la firma de Pablo Julio López, ha formalizado la disolución y liquidación del 'Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial' (PROFIDE). Esta medida, establecida por el artículo 63 de la Ley N° 15.557 de Presupuesto General Ejercicio 2026, implica que el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) absorberá todas las tareas y obras que estaban a cargo del PROFIDE.
Las Resoluciones N° 45-MECONGP-2026 y N° 62-MECONGP-2026 detallan las adecuaciones presupuestarias necesarias para este traspaso monumental. El punto más candente es la transferencia de remanentes de activos fideicomitidos, por una cifra que asciende a la friolera de PESOS CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($107.303.659.825), que irán directamente al Tesoro Provincial. Estos fondos, con origen en el Fondo Nacional de la Vivienda y operaciones de liquidez, ahora serán gestionados de forma centralizada.
'El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires absorberá las tareas, obras en ejecución y todas las operatorias a cargo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE).'
La disolución del PROFIDE no es solo un ajuste contable; es una centralización de recursos que podría tener profundas implicaciones en la forma en que se planifica y ejecuta la infraestructura provincial. Para el ciudadano, esto significa que la gestión de fondos para vivienda e infraestructura pasará a una órbita más directa del Estado. ¿Significa esto una mayor eficiencia o una burocratización de los procesos? Los críticos ya se preguntan si esta medida, que concentra un enorme caudal de dinero en el Tesoro, afectará la agilidad y el destino específico de los fondos que antes estaban bajo la órbita del fideicomiso. La Legislatura, a quien se debe informar de esta transferencia en un plazo de 120 días, tendrá la última palabra sobre la transparencia y el impacto de esta reestructuración. Es vital seguir de cerca cómo se reasignan y ejecutan estos fondos para asegurar que beneficien a la población.
