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El gobierno bonaerense ajusta las reglas de juego en las contrataciones públicas para el Ministerio de Salud, permitiendo modificaciones de hasta el 100% en montos adjudicados. Un presupuesto de más de $109 millones para 2026 busca blindar provisiones en un contexto inflacionario.
La Provincia de Buenos Aires ha desatado una revolución administrativa que redefine las reglas del juego en las contrataciones públicas, especialmente para el crucial sector de la Salud. Apoyándose en la Ley 13.981 y su decreto reglamentario 59/2019, el gobierno bonaerense se otorga una flexibilidad sin precedentes para modificar contratos de bienes y servicios, generando un debate sobre la transparencia y la adaptabilidad estatal en tiempos de crisis.
¿Qué cambia exactamente? Ahora, la Contaduría General de la Provincia podrá aumentar o disminuir unilateralmente hasta un 20% el monto total de un contrato adjudicado. Pero el verdadero golpe de efecto llega con la posibilidad de modificar hasta un 100% el valor original en aumentos (y hasta un 50% en disminuciones), siempre que el cocontratante dé su conformidad. Las razones esgrimidas para estas ampliaciones son lapidarias:
Esta última causal es la que enciende las alarmas y las expectativas. En un país donde la inflación devora presupuestos y licitaciones, esta cláusula podría ser un salvavidas para proveedores y para el propio Estado, que busca asegurar el abastecimiento. Sin embargo, también abre la puerta a la discrecionalidad y a posibles renegociaciones constantes, alejándose de la rigidez tradicional de las licitaciones públicas. La tensión entre la necesidad de adaptación y el riesgo de falta de transparencia es palpable.
El Ministerio de Salud bonaerense es el protagonista de esta movida, con un presupuesto proyectado de $109.770.900,00 para el ejercicio 2026 destinado a la “provisión de productos” no especificados, lo que genera interrogantes sobre la anticipación de gastos y la planificación a largo plazo en un escenario tan volátil. La designación de comisiones de preadjudicación subraya la inminencia de estas contrataciones.
Para los ciudadanos, esto significa que los fondos públicos destinados a la salud se gestionarán con una nueva dinámica. Para las empresas, representa una oportunidad, pero también un desafío para entender las nuevas reglas de un juego que ahora es más flexible, pero quizás menos predecible. La clave estará en cómo se apliquen estas facultades y si realmente garantizan un uso eficiente y transparente de los recursos en un contexto de alta tensión económica.
Para seguir de cerca estas decisiones y sus implicaciones, se recomienda monitorear el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y los informes de la Contaduría General de la Provincia. Estos canales son cruciales para entender cómo se gestionan los recursos públicos en un escenario económico tan complejo.
