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El Ministerio de Justicia revoluciona el sistema de mediación en salud con el nuevo PROMESA, prometiendo agilizar conflictos con prepagas y obras sociales. ¡Ojo con los honorarios de los mediadores y el bolsillo de los litigantes!
El Ministerio de Justicia sacude el tablero con la Resolución 596/2025, que implementa el flamante "PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PREJUDICIAL EN MATERIA DE SALUD (PROMESA)". Esta movida, impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 379/2025, busca descomprimir los tribunales y agilizar las disputas entre ciudadanos y entidades de salud (obras sociales, prepagas).
Ahora, las controversias en materia de salud, especialmente aquellas con entidades de las Leyes Nros. 23.660, 23.661 o 26.682, tienen un camino de mediación optativo pero con reglas claras. El PROMESA centraliza la competencia federal para estos casos, lo que implica que la mediación se realizará en la jurisdicción federal de la provincia del demandante.
Se crea un apartado específico para mediadores en materia de salud (REGMESA) dentro del Registro Nacional de Mediación. Lo más jugoso: los honorarios del mediador se incrementarán ¡CINCO (5) veces! el importe básico si el trámite culmina con acuerdo. Esto busca incentivar la resolución extrajudicial, pero ¿a qué costo para las partes?
"La especificidad de las controversias en materia de salud... tornan meritorio fijar en CINCO (5) veces el importe establecido..."
Además, si no hay acuerdo, el Fondo de Financiamiento (art. 48 Ley N° 26.589) cubrirá los honorarios del mediador, pero ¡atención! Ese dinero deberá ser reintegrado si hay condena en costas en juicio o si el reclamante no inicia la acción judicial en 30 días hábiles post-mediación. ¡Una trampa para incautos!
Para simplificar la inscripción de mediadores, se habilita la plataforma Trámites a Distancia (TAD), un guiño a la modernización que, esperemos, no genere nuevos dolores de cabeza. Se derogan formularios obsoletos y se potencia el sistema "MEPRE" para la gestión de actas.
Esta resolución genera un doble filo: por un lado, busca eficiencia y acuerdos; por el otro, introduce un incentivo económico fuerte para los mediadores y un riesgo de costos para los ciudadanos que no logren un acuerdo o no sigan el proceso judicial. Los ciudadanos deberán estar hiper atentos a los plazos y condiciones para no terminar pagando por una mediación fallida. Para mantenerse informado, se recomienda seguir los canales oficiales del Ministerio de Justicia y consultar con expertos legales especializados en salud.
