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El Organismo Provincial de Contrataciones ajustó precios en múltiples contratos estatales, beneficiando a varias empresas y cooperativas con aumentos, mientras que otras vieron sus solicitudes parcialmente rechazadas. ¿Quién ganó y quién perdió en esta movida millonaria?
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires se convirtió hoy en el escenario de una verdadera pulseada económica, al publicar una serie de resoluciones del Organismo Provincial de Contrataciones (OPC) que impactan directamente en la billetera estatal y de numerosas empresas. Bajo el paraguas del Decreto N° 126/23 B, la Directora Ejecutiva, María Victoria Anadon, aprobó y rechazó solicitudes de revisión de precios para contratos vigentes, un mecanismo crucial en un contexto inflacionario como el nuestro.
Las empresas beneficiadas con la actualización de sus valores contractuales son variadas, abarcando desde el sector textil con la COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL ARGÜELLO LIMITADA, la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO TEXTILES RED TEXTIL COOPERATIVA LIMITADA y la COOPERATIVA DE TRABAJO MANOS OBRERAS LIMITADA, hasta firmas de construcción y servicios como CONSTRUYO AL COSTO S.R.L., SANICENTRO S.A., y REZZONICO HECTOR AQUILES, quien logró una segunda aprobación en otro expediente. También se suman a la lista CLEANOSOL ARGENTINA S.A., ISOMAD S.A., TROSHER S.A., LASCANO EVA, ABC SOLUCIONES S.R.L., SECAVIT S.A., EXO S.A., GRUPO VARSOVIA S.R.L., FERRETERIA PLATENSE SCABUZZO E HIJOS S.R.L. y ABEJARUCO PLATENSE S.A.
Sin embargo, no todo fue color de rosas. Algunas empresas, como GRUPO SALA S.A., vieron su solicitud rechazada inicialmente en un expediente, aunque luego obtuvo luz verde para otros renglones en una resolución posterior. CLEANOSOL ARGENTINA S.A., ISOMAD S.A. y SECAVIT S.A. también sufrieron rechazos parciales en ciertos ítems de sus contratos. Esto demuestra la lupa con la que el Estado provincial analiza cada peso antes de convalidar los ajustes.
La medida, que se hace efectiva al momento de la solicitud del proveedor, obliga a las firmas con precios aprobados a presentar una garantía de cumplimiento de contrato actualizada en un plazo de siete días. Este requisito es clave para asegurar la continuidad de los servicios y obras, pero también representa un costo administrativo y financiero para las empresas.
"En un país con alta inflación, la revisión de precios es una espada de doble filo: necesaria para la supervivencia de los proveedores, pero un desafío constante para las finanzas públicas."
Este vaivén de aprobaciones y rechazos nos recuerda la delicada danza entre el sector público y el privado, donde cada ajuste de precio es una victoria o una derrota en la compleja trama económica provincial. Los ciudadanos, en última instancia, son los que pagan la cuenta, y la transparencia en estos procesos es fundamental para garantizar que cada centavo invertido se justifique. Para mantenerse informado sobre futuras actualizaciones, se recomienda consultar el portal oficial https://pbac.cgp.gba.gov.ar.
