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Una nueva resolución confirma el pago de la "Bonificación por Título Universitario" a una agente, destapando el debate sobre los beneficios en la Administración Pública Provincial. ¿Es un reconocimiento justo o un gasto excesivo?
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires reveló una medida que vuelve a poner el foco en los beneficios del personal estatal. La RESOLUCIÓN N° 21-PALB-2026, fechada el 28 de enero de 2026, autoriza el pago de la Bonificación por Título Universitario (BTU) a la agente Silvina POCAI. Esta bonificación, establecida por el Decreto N° 641/2025, busca reconocer al personal profesional de la Administración Pública Provincial que posee un título de grado universitario.
La BTU es un adicional salarial destinado a quienes, además de su función, aportan una formación académica superior. Si bien el espíritu de la medida es valorar la capacitación, su aplicación genera interrogantes sobre la equidad y el impacto en las arcas provinciales. Para los profesionales dentro de la administración, es un incentivo claro y un reconocimiento a su esfuerzo formativo. Sin embargo, para el resto de los contribuyentes, cada bonificación de este tipo se suma a la masa salarial del Estado, en un contexto económico siempre ajustado.
Este tipo de resoluciones, aunque administrativas en su forma, son la punta del iceberg de políticas salariales que definen el costo del Estado y la composición de los ingresos de sus empleados. La pregunta de fondo es si estos beneficios son sostenibles y si se alinean con las necesidades de eficiencia y austeridad que a menudo se reclaman en la gestión pública. Es una jugada estratégica que busca retener talento, pero que no pasa desapercibida para el ojo crítico de la opinión pública.
