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Un decreto explosivo redefine la Defensa Nacional, permitiendo a las Fuerzas Armadas actuar contra "organizaciones no estatales" y en ciberespacio. ¡Un cambio de paradigma que sacude el avispero político y de seguridad!
El Gobierno Nacional acaba de desatar una verdadera revolución en la doctrina de Defensa Nacional con la publicación del Decreto 1112/2024. Esta medida, que deroga el polémico Decreto 727/06, amplía drásticamente el accionar de las Fuerzas Armadas, permitiéndoles intervenir no solo ante agresiones de Estados extranjeros, sino también contra "organizaciones paraestatales, terroristas u otras organizaciones transnacionales". Esto significa que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea podrían ser desplegadas para combatir amenazas que antes eran exclusivas de las fuerzas de seguridad, como el narcotráfico o el crimen organizado con origen externo, pero con impacto en nuestro territorio.
La novedad más resonante es la expansión del concepto de "agresión externa". Ya no se limita a un conflicto bélico tradicional, sino que abarca a grupos no estatales que afecten los "intereses vitales de la Nación". Además, se reconoce formalmente el ciberespacio y el espectro electromagnético como nuevos escenarios de operaciones militares, lo que implica una modernización en la mirada estratégica de la defensa.
Las Fuerzas Armadas también tendrán un rol complementario a las de Seguridad en las zonas de seguridad de fronteras, pudiendo realizar tareas de adiestramiento, apoyo logístico y, en situaciones de flagrancia, incluso la aprehensión transitoria de personas que cometan delitos.
Este decreto es un quiebre con la histórica división entre la Defensa (orientada a amenazas externas de Estados) y la Seguridad Interior (para delitos internos), una línea roja trazada tras la última dictadura militar. Para el Gobierno, es una herramienta clave para combatir la narcocriminalidad y el crimen organizado, especialmente en zonas calientes como la provincia de Santa Fe. Sin embargo, para los críticos, podría implicar una militarización de la seguridad interna y un riesgo de excesos, difuminando los límites de las competencias militares.
La medida busca un "Sistema de Defensa Nacional eficiente" que garantice la soberanía e independencia, pero la gran pregunta es: ¿cómo se implementará esta nueva doctrina sin generar conflictos de jurisdicción o vulnerar derechos civiles? La ciudadanía común notará una mayor presencia militar en zonas de frontera y una reorientación de la inteligencia y capacidades defensivas hacia amenazas híbridas. Estar atentos a las "reglas de empeñamiento" que se dictarán será crucial.
