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Un decreto provincial aprueba una actualización de precios que eleva el contrato de transporte fluvial para escuelas del Delta bonaerense a la asombrosa cifra de casi $1.500 millones, generando polémica sobre el manejo de fondos públicos y el impacto fiscal. La Dirección de Cultura y Educación de Buenos Aires en el ojo de la tormenta.
Una medida explosiva sacude las arcas de la provincia de Buenos Aires y pone bajo la lupa la gestión de los recursos públicos. El Decreto 1314/2022 ha dado luz verde a una redeterminación de precios para el servicio de transporte fluvial exclusivo, vital para los alumnos, docentes y personal auxiliar de las escuelas del Delta bonaerense. Lo que parecía un ajuste administrativo menor se convierte en un monto que deja a más de uno con la boca abierta.
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, a través de su Subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Hernán Turkenich, con DNI 20.795.532, y la empresa CN NAVEGACIÓN S.R.L., CUIT 33-70856833-9, representada por Omar Alberto Navarro, DNI 13.900.586, acordaron una redeterminación de precios que asciende a $21.107.366,23. Pero la cifra que realmente impacta es el monto total del contrato redeterminado: nada menos que $1.490.461.889,21 (mil cuatrocientos noventa millones cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y nueve con veintiún centavos de pesos).
Este ajuste se enmarca en la Licitación Pública Nº 10/23, que buscaba garantizar el traslado de la comunidad educativa en una zona geográfica compleja. La justificación, como siempre, es la adecuación a los costos inflacionarios, pero el salto en la cifra total del contrato es monumental y genera interrogantes.
Este incremento millonario repercute directamente en el gasto público provincial. Significa que una porción considerable del presupuesto educativo se destinará a cubrir este servicio, que si bien es esencial para la accesibilidad en el Delta, ahora presenta un costo exacerbado. La pregunta que surge es si esta redeterminación es justa y si se realizaron todos los controles necesarios para evitar sobreprecios en un contexto de alta inflación.
Para los ciudadanos, esto se traduce en una mayor presión sobre las finanzas provinciales, pudiendo afectar la disponibilidad de fondos para otras áreas críticas de la educación o servicios esenciales. La transparencia en este tipo de contratos es fundamental, y la sociedad tiene el derecho de saber cómo se gastan estos miles de millones de pesos.
"Un gasto de esta magnitud en un servicio público esencial siempre debe ser sometido a un escrutinio riguroso. La ciudadanía merece claridad sobre cada centavo", afirmó un analista económico que prefirió mantener su anonimato.
Es crucial seguir de cerca el libramiento de los pagos correspondientes y la ejecución de este contrato. Los ojos de la provincia están puestos en cómo se gestionan estos fondos vitales para la educación de miles de bonaerenses.
