Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Con el 51% del control en manos estatales, se abre la puerta a la inversión privada en las centrales nucleares. ¿Fin del déficit o riesgo estratégico para el país?
En una movida que genera temblor en el sector energético argentino, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 695/2025, autorizó la privatización parcial de NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (NASA). Este decreto, firmado por el Presidente, busca inyectar capital privado en la estratégica empresa que gestiona las centrales nucleares del país, como Atucha I, Atucha II y Embalse.
La fórmula para esta "reingeniería" es clara: se organizará un Programa de Propiedad Participada (PPP) para el 5% del capital accionario, destinado a los trabajadores, y la venta del 44% restante a inversores privados mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. La gran noticia, y un punto clave para la soberanía energética, es que el Estado Nacional mantendrá el 51% del paquete accionario, asegurando así el control mayoritario de esta infraestructura crítica. Esto es un requisito de la Ley N° 27.742, que declaró a NASA "sujeta a privatización" pero exigiendo que el Estado mantenga el control.
La decisión se enmarca en la política oficial de "reducción del déficit fiscal y del sobredimensionamiento estatal", buscando una solución "eficiente y rentable" para una empresa que, aunque en 2024 alcanzó un récord histórico de generación de 10.449.015 MWh netos y un factor de carga del 73,3%, ha dependido de transferencias estatales por PESOS SETECIENTOS MILLONES ($700.000.000) solo en 2023.
Esta privatización parcial promete financiamiento complementario para proyectos estratégicos como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I (cuyo reingreso al mercado eléctrico se prevé para 2027) y el almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados (ASECG II) para Atucha II. Sin embargo, la medida abre un intenso debate sobre la participación privada en un sector tan sensible como la energía nuclear. ¿Logrará el Estado atraer inversiones sin ceder soberanía estratégica ni comprometer la seguridad operativa?
Para ajustar el esquema, se instruye a NASA a transferir el 0,01% de las acciones de ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA) al Estado Nacional y a ENARSA a transferir el 1% de las acciones de NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. al Estado Nacional. Un complejo ajedrez financiero que busca reorganizar el tablero energético argentino, marcando un antes y un después en la gestión de una de las empresas más estratégicas del país. Los ciudadanos comunes deben estar atentos a cómo esta apertura impactará en las tarifas y la eficiencia del servicio eléctrico en el futuro.
