¡Bomba petrolera! Aumentan las indemnizaciones a productores por explotación hidrocarburífera

Las Secretarías de Energía y de Agricultura, Ganadería y Pesca han desatado una verdadera bomba para la industria hidrocarburífera y los propietarios de tierras, con la actualización de las indemnizaciones por la explotación petrolera y gasífera en varias de las cuencas más productivas del país.

Mediante la Resolución Conjunta 1/2026, se incrementan, a partir del 1° de agosto de 2025, los montos que las empresas deberán desembolsar por servidumbres, daños y perjuicios en las cuencas del Golfo San Jorge y Austral (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Los aumentos son impactantes: 60,71% para la Zona “A” y 90,36% para las Zonas “B” y “C”. Además, los gastos de control y vigilancia se disparan entre un 23,6% y un 39%, dependiendo de la zona.

La Resolución Conjunta 2/2026 aplica una lógica similar para las cuencas Cuyana y Neuquina (Neuquén, Mendoza, Río Negro, La Pampa, San Juan y San Luis), con incrementos que también rigen desde el 1° de agosto de 2025. Aquí, los porcentajes varían según el tipo de tierra (secano o bajo riego) y la zona, llegando a un 90,36% para servidumbres en Zona “B” de secano y hasta un 50,3% para gastos de control en Zona “B” de secano.

Estas actualizaciones, solicitadas por la Asociación Argentina de Propietarios y Superficiarios Afectados por la Explotación Hidrocarburífera, Minera y Eléctrica (AASEP) y calculadas en base a la variación de precios de lanas, carne vacuna y gasoil, buscan recomponer el valor de las compensaciones.

¿Quién paga la cuenta?

La medida impacta directamente en los costos operativos de las empresas petroleras y gasíferas que operan en estas regiones, lo que podría repercutir en sus inversiones o en el precio final de los hidrocarburos. Por otro lado, representa un alivio económico para los productores agropecuarios y superficiarios, que verán mejorado el resarcimiento por la afectación de sus propiedades.

El Estado, a través de estas Secretarías, reafirma su rol en la regulación de la actividad extractiva y la protección de los derechos de los propietarios. La tensión entre la producción energética y los derechos territoriales sigue siendo un punto caliente en la agenda nacional.