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En un controvertido movimiento, el Ministerio de Capital Humano homologó un acuerdo que declara el 70% del salario petrolero en Chubut y Santa Cruz como "no remunerativo" para aportes. ¿Crisis o desregulación encubierta?
Una medida que promete encender la mecha de la polémica en el sector laboral y económico acaba de ser homologada por el Ministerio de Capital Humano. Se trata de un acuerdo trascendental entre la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE), y los sindicatos Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), el Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut y el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral.
La clave del acuerdo, que regirá del 1° de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026, es que el 70% de cualquier concepto remunerativo del personal petrolero en Chubut y Santa Cruz será considerado como NO REMUNERATIVO a los fines de determinar la base de cálculo de las contribuciones de seguridad social. Esto incluye el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), INSSJyP (PAMI), Asignaciones Familiares y el FNE (Fondo Nacional de Empleo). Es decir, el Estado dejará de recaudar una porción significativa de los aportes patronales sobre esos salarios.
El acuerdo se encuadra en las excepciones previstas por el Artículo 4° del Decreto N° 633/18, que permite estas flexibilizaciones en casos de crisis económica. Las cámaras empresarias habrían presentado documentación para acreditar esta situación crítica en el sector. Sin embargo, la medida no alcanza a los aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales (Ley 23.660 y 23.661) ni a las de ART, lo que genera un esquema mixto de "beneficios" para las empresas y una preocupación por el futuro de la financiación de la seguridad social.
Para las empresas, la medida representa un alivio significativo en los costos laborales, lo que podría traducirse en mayor inversión o, al menos, en una contención de la pérdida de puestos de trabajo. Para los trabajadores, si bien sus salarios "de bolsillo" no se verían directamente afectados (y podrían incluso mejorar si las empresas trasladan parte de ese ahorro), la reducción de los aportes implica una merma en la futura financiación de sus jubilaciones y otros beneficios de la seguridad social.
"Estamos ante una medida de alto impacto que, si bien busca preservar el empleo en un sector estratégico, genera un precedente preocupante para la sostenibilidad del sistema previsional", advierten especialistas.
Esta homologación, que se da en un contexto de fuerte debate sobre la reforma laboral y la desregulación, será notificada a la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO y a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, quienes deberán monitorear de cerca sus efectos. Es una jugada audaz que busca inyectar oxígeno a la industria petrolera patagónica, pero a un costo que aún está por verse.
