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Un oficial de la Bonaerense, Brian Simón Galarraga, enfrenta graves cargos por abandono de servicio y retención de equipamiento clave. Su caso marca un hito al tramitarse con la nueva modalidad de audiencias virtuales, un avance tecnológico que busca agilizar la justicia interna, pero que destapa profundas fallas en la fuerza. ¿Será el fin de su carrera?
¡Atención, ciudadanos! Un nuevo capítulo en la transparencia y la disciplina de las fuerzas de seguridad bonaerenses se abre, y no precisamente por buenas noticias. La Auditoría General de Asuntos Internos ha puesto en marcha un sistema de audiencias indagatorias administrativas de modo virtual, utilizando la plataforma Cisco Webex. Esta medida, establecida en la Resolución N° 3940/2020, busca modernizar y agilizar los procesos internos, permitiendo que los imputados presten declaración a distancia. Pero la primera gran prueba de fuego de esta flamante modalidad ya está generando revuelo, y tiene como protagonista a un oficial con un expediente cargado de acusaciones.
El foco de la controversia recae sobre el Oficial (E.G) Legajo N° 428.567 Brian Simón Galarraga. Este efectivo policial está siendo citado a una audiencia virtual el próximo 23 de abril de 2026 a las 13:00 hs., para responder a dos graves imputaciones. La primera, que data del 11 de enero de 2023, lo acusa de abandono de servicio, al ausentarse de la División Prevención Intensiva VI desde el 12 de diciembre de 2022 hasta, al menos, el 11 de enero de 2023, superando las 72 horas sin justificación. Esto, según la Auditoría, infringe el Artículo 198 incisos “a” y “h” del Decreto 1050/09, que rige la actuación policial.
Pero la cosa no termina ahí. Una segunda imputación, del 9 de mayo de 2023, agrega más leña al fuego: Galarraga es acusado de no devolver elementos cruciales de la fuerza tras ser desafectado del servicio. ¿De qué hablamos? Ni más ni menos que de la funda del chaleco antibalas Marca FM Serie N° 07025507, su credencial de policía y parte de su indumentaria. Un hecho que, de ser cierto, no solo incumple el Artículo 198 incisos “e” y “h” del mismo Decreto, sino que “afecta gravemente la operatividad de la fuerza policial”.
La implementación de las audiencias virtuales, si bien es un paso hacia la digitalización de la administración pública, plantea interrogantes. Los imputados tienen un plazo de 48 horas hábiles para aceptar la modalidad virtual, enviando un mail a daniela.roberts@mseg.gba.gov.ar, informando datos de contacto y remitiendo fotos de su DNI. Si no aceptan, la indagatoria será por escrito y presencial. Esta dualidad busca garantizar el derecho a defensa, pero el caso de Galarraga, con una audiencia fijada para ¡dentro de dos años! (considerando la fecha de publicación del Boletín Oficial), expone la lentitud de los procesos internos, incluso con la tecnología a favor.
"Se aconseja se decrete medida cautelar de desafectación del servicio, si el criterio se comparte."
La gravedad de los hechos ha llevado a la Auditora Sumarial, Dra. Roxana Débora Moya, a elevar el caso al Auditor General, aconsejando la desafectación del servicio para Galarraga. Esto significa, en criollo, que podría ser separado de su cargo. Un golpe duro para la imagen de la Policía Bonaerense y una señal de alerta sobre la necesidad de mayor control y transparencia. Los ciudadanos merecen una fuerza policial íntegra y eficiente. Estaremos atentos a cómo se desarrolla este drama digital.
20 de febrero de 2026
2 de abril de 2026
20 de enero de 2026
