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El Poder Ejecutivo, sin ley de Presupuesto aprobada, decide extender las cuentas de 2023 (ya prorrogadas en 2024) para el próximo año, una movida que genera incertidumbre y abre la puerta a ajustes discrecionales.
El Gobierno Nacional acaba de confirmar lo que muchos temían: el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023 (Ley N° 27.701) seguirá rigiendo durante el año 2025. Esta decisión, formalizada a través del Decreto 1131/2024, se toma ante la falta de aprobación de una nueva Ley de Presupuesto para el próximo año. No es la primera vez que ocurre; de hecho, el 2024 ya operó bajo la prórroga del mismo presupuesto de 2023.
La medida se ampara en el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, que habilita al Poder Ejecutivo a prorrogar el presupuesto anterior con las "adecuaciones" necesarias. Sin embargo, el decreto aclara que estas adecuaciones se realizarán "oportunamente", dejando un margen de maniobra significativo al Jefe de Gabinete para ajustar partidas y recursos, incluyendo las modificaciones institucionales por la reorganización ministerial.
Para la ciudadanía y las empresas, significa que el gasto público no tendrá una hoja de ruta clara desde el inicio del año. La flexibilidad para "adecuar" el presupuesto podría traducirse en recortes inesperados en áreas sensibles o redireccionamiento de fondos sin un debate legislativo previo. La falta de un presupuesto actualizado y aprobado por el Congreso es un síntoma de la inestabilidad política y económica, y podría afectar la previsibilidad para la inversión y la planificación a largo plazo. La continuidad de servicios "mínimos y esenciales" es el argumento oficial, pero la discrecionalidad es la palabra clave.
