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En un giro inesperado, la Secretaría de Cultura vuelve a ser noticia por designaciones transitorias y prórrogas de funcionarios, algunas de ellas con polémicas excepciones a la normativa. ¿La meritocracia queda de lado?
La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación ha agitado las aguas con una serie de movimientos de personal que generaron más de una ceja levantada. En concreto, tres resoluciones publicadas hoy en el Boletín Oficial confirman designaciones y prórrogas de cargos clave, pero lo más llamativo son las excepciones a la norma que las acompañan.
Por un lado, se designó con carácter transitorio, a partir del 1 de agosto de 2025 y por 180 días hábiles, al señor Carlos Alberto DI PALMA (CUIL Nº 20-13747661-5) como Director de Promoción de la Literatura y la Música. La controversia radica en que se lo exceptúa del requisito de ingreso a la Administración Pública Nacional que impide el ingreso a quienes tienen edad jubilatoria o gozan de un beneficio previsional (inciso f) del artículo 5° de la Ley N° 25.164). Una medida que choca con cualquier discurso de renovación o achicamiento del Estado.
En otro frente, se prorrogó, a partir del 18 de marzo de 2025 y por 180 días hábiles, la designación transitoria de Ricardo Daniel SALTON (C.U.I.L. N° 23-12475120-9) como Coordinador de Difusión de Elencos Estables. Esta prórroga también llega con una autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP.
Y para completar el cuadro, se asignó con carácter transitorio, a partir del 10 de febrero de 2025, la función de Coordinador de Escenotecnia en el Teatro Nacional Cervantes a Lionel Ignacio PASTENE (CUIL N° 20-28309203-9). Aquí también se autoriza una excepción, ya que el agente no cumple con los requisitos exigidos para el cargo subrogado, según el artículo 112 del SINEP. Esta designación podrá extenderse hasta por tres años.
Estas decisiones, que afectan directamente la transparencia y la meritocracia en la función pública, se enmarcan en un contexto de reorganización de la Secretaría de Cultura, que fue incorporada como Secretaría Presidencial. Los ciudadanos se preguntan: ¿hasta cuándo se justificarán estas 'excepciones' en la gestión de los recursos públicos?