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Una médica bonaerense, Silvia Marcela Mauro, logra que el IPS le reconozca años de servicios 'insalubres' como residente y becaria. Sin embargo, la movida destapa una deuda astronómica en aportes, donde ella ya pagó su parte, pero las contribuciones patronales quedan pendientes, poniendo la lupa sobre la responsabilidad del Estado.
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires ha emitido una resolución que enciende las alarmas en el sector de la salud y las finanzas públicas. La protagonista es Silvia Marcela Mauro, médica pediatra, quien buscó el reconocimiento de sus servicios prestados en hospitales públicos de Mar del Plata y General San Martín, entre 1995 y 2008. La gran novedad es que el IPS finalmente reconoce como 'insalubres' los años que trabajó como médica residente y luego como becaria post-residente, un detalle crucial que impacta directamente en sus condiciones jubilatorias.
Pero la noticia no termina ahí. Este reconocimiento, si bien es una victoria para la profesional, viene con una factura millonaria. La resolución detalla que, durante esos años, no se realizaron los aportes previsionales correspondientes. Las cifras son escalofriantes:
En un giro sorprendente, la Dra. Mauro ya canceló la totalidad de sus aportes personales adeudados, un monto que supera los 7.9 millones de pesos. Esto demuestra la urgencia y el compromiso de la profesional por regularizar su situación previsional. Sin embargo, las contribuciones patronales, que ascienden a casi 6 millones de pesos, quedan a cargo del Departamento Gestión de Deudas no Corrientes del IPS, es decir, el Estado provincial.
Este caso no es aislado. Establece un precedente fundamental para miles de médicos residentes y becarios que han luchado por el reconocimiento de sus años de formación y trabajo en condiciones exigentes. La resolución se apoya en jurisprudencia clave de la Suprema Corte Provincial, como las causas “Triaca” y “Pisano”, que consideran estos servicios como una "relación de dependencia" a los fines previsionales, incluso para los becarios que, formalmente, no configuraban un empleo público.
La implicancia es clara: el Estado debe reconocer y solventar las deudas previsionales generadas por estas modalidades de contratación, un costo que ahora sale a la luz. Es una señal de alerta para el Ministerio de Salud y los hospitales, que deberán revisar sus prácticas y asegurar que los derechos previsionales de sus profesionales sean garantizados desde el primer día. Los intereses sobre estas deudas se calcularán al 6% anual desde la notificación del reconocimiento, una medida que busca compensar la demora.
"La vinculación existente entre el becario y el Estado Provincial, no configura relación de empleo público, por lo que no resulta aplicable el Régimen para Personal de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, en excepción de lo establecido expresamente en el presente Reglamento", reza el Decreto N° 5725/89, una normativa que hoy se flexibiliza por vía judicial para proteger los derechos previsionales.
Este caso resalta la complejidad burocrática del sistema previsional argentino y la necesidad de que los profesionales de la salud estén atentos a sus derechos. ¿Cuántos otros casos similares esperan ser resueltos? La factura del pasado ya está llegando.
