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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó, mediante el Decreto 246/2026, una nueva pauta salarial para el personal de las Policías y el Servicio Penitenciario Bonaerense, con incrementos retroactivos a agosto y octubre de 2025. Un respiro para las fuerzas de seguridad en medio de la inflación.
¡Atención, Buenos Aires! En un movimiento que seguramente generará debate, el Gobierno provincial ha puesto la firma al Decreto N° 246/2026, que establece nuevos valores para los sueldos básicos y bonificaciones del personal de la Policía y el Servicio Penitenciario Bonaerense. Lo más llamativo es que estos aumentos tienen vigencia retroactiva desde el 1° de agosto y el 1° de octubre de 2025.
La medida, que formaliza la política salarial previamente delineada, impacta directamente en los bolsillos de miles de efectivos. Se establecen nuevos importes para los sueldos básicos de todos los subescalafones policiales (General, Comando, Profesional, Administrativo, Técnico, Servicios Generales y 911) y de los escalafones del Servicio Penitenciario (Cuerpo General, Profesional y Técnico, Administrativo, Auxiliar y Aspirantes). Además, se incrementan las bonificaciones remunerativas no bonificables y, un detalle no menor, la compensación de gastos por mantenimiento de vestimenta, uniformes y equipos.
"Resulta propicio en esta instancia formalizar la política salarial aplicable al personal de las fuerzas de seguridad que rige con vigencia desde el 1° de agosto y 1° de octubre de 2025, en incrementos análogos a los establecidos en el ámbito de los/as trabajadores/as encuadrados en la Ley N° 10430."
Para el personal policial y penitenciario, este decreto significa un alivio económico y un reconocimiento a su labor, aunque sea con meses de demora en la formalización. En un contexto de alta inflación, estos ajustes son cruciales para mantener el poder adquisitivo. Para la ciudadanía, implica un mayor gasto provincial destinado a la seguridad y el sistema carcelario, lo que podría generar preguntas sobre la sostenibilidad fiscal, pero también la expectativa de mayor motivación en las fuerzas que garantizan el orden y la seguridad.
El decreto se enmarca en una serie de actualizaciones salariales previas durante 2025 (febrero, marzo, mayo y julio) y busca equiparar los aumentos con los otorgados a otros trabajadores estatales bajo la Ley N° 10430. Es un esfuerzo del Estado para no perder la carrera contra la escalada de precios.
Este decreto es una clara señal del compromiso del Gobierno provincial con el poder adquisitivo de sus fuerzas de seguridad, un sector vital pero a menudo castigado por la economía. Será clave seguir de cerca cómo estos ajustes impactan en el presupuesto y en la moral de los uniformados.
