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El Ministerio de Salud deroga normas previas y aprueba nuevos estándares para habilitar centros de salud mental y adicciones. ¿Simplificación o desregulación encubierta? El impacto en la atención es inminente.
El Ministerio de Salud ha lanzado una medida que promete sacudir el ecosistema de la salud mental y los consumos problemáticos en Argentina. A través de la Resolución 6155/2024, se deroga la anterior Resolución N° 4107/2023 y se aprueban las nuevas 'NORMAS MÍNIMAS PARA HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONSUMOS PROBLEMÁTICOS Y ESTÁNDARES PARA LA SUPERVISIÓN PERIÓDICA'. Esta movida, que entra en vigencia al día siguiente de su publicación, busca, según el Ministerio, agilizar los procedimientos administrativos y promover un modelo de abordaje basado en la comunidad.
La clave de esta resolución radica en la actualización y simplificación de los requisitos de habilitación y fiscalización para una amplia gama de establecimientos: desde consultorios externos hasta centros de día comunitarios y hospitales de día con internación. El objetivo declarado es garantizar una atención de calidad, integral, interdisciplinaria y con enfoque de derechos, en línea con la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y su decreto reglamentario.
El punto más controvertido es la derogación de la Resolución N° 4107/2023, que establecía un procedimiento más riguroso, incluyendo la intervención de una 'Comisión Permanente de Trabajo y Asistencia Técnica' con un dictamen vinculante en el proceso de inspección y fiscalización. La nueva normativa busca 'agilizar, dinamizar y diligenciar' este proceso, trasladando la responsabilidad principal de habilitación y fiscalización a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras. Si bien el Ministerio asegura que la Comisión Permanente de Trabajo ha tomado intervención y prestado su conformidad, la simplificación administrativa, en un ámbito tan sensible como la salud mental, siempre genera debate: ¿Se prioriza la celeridad sobre la profundidad del control? ¿Podría esta 'simplificación' abrir la puerta a una menor exigencia en los estándares de calidad o a una desregulación encubierta que afecte a los pacientes?
Esta medida es obligatoria para los establecimientos bajo jurisdicción nacional e invita a las jurisdicciones provinciales a adherir, lo que podría generar un efecto cascada en todo el país. Para los prestadores de servicios de salud mental, significa adaptarse a un nuevo marco normativo que promete ser más ágil, pero que también requerirá una lectura atenta para asegurar el cumplimiento. Para los pacientes y sus familias, el desafío será asegurar que esta agilización no comprometa la calidad y el enfoque de derechos que la Ley de Salud Mental busca proteger. La Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos y la Secretaría de Derechos Humanos han avalado la medida, pero la sociedad deberá estar atenta a su implementación real y a los resultados en la calidad de la atención.
Para el ciudadano común: La calidad de la atención en salud mental es fundamental. Esta resolución busca agilizar procesos, lo que podría ser bueno, pero es crucial que no se sacrifiquen los controles. Si usted o un ser querido utiliza estos servicios, es importante informarse sobre cómo los nuevos estándares garantizan la calidad y dónde puede denunciar si percibe deficiencias. Manténgase informado a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud y organizaciones de pacientes.
