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Una nueva resolución del Ministerio de Capital Humano permite usar hasta el 6% del presupuesto del Programa "ALIMENTAR COMUNIDAD" para gastos de higiene, conectividad y funcionamiento, generando debate sobre la prioridad de los recursos en medio de la crisis.
El Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, acaba de lanzar una medida que dará que hablar: la Resolución 137/2026. Esta normativa habilita el desvío de hasta un 6% del presupuesto asignado al vital Programa "ALIMENTAR COMUNIDAD" para cubrir gastos que, si bien son necesarios, no son directamente alimentos. ¿Qué significa esto? Que una porción de los fondos destinados originalmente a asegurar la comida en los comedores y merenderos comunitarios, ahora podrá utilizarse para artículos de higiene, limpieza, gastos operativos y hasta conectividad.
La medida, que busca "fortalecer condiciones básicas de funcionamiento y salubridad", se basa en un artículo previo de los Lineamientos Técnicos y Operativos del programa. Sin embargo, en un contexto de alta vulnerabilidad social y creciente demanda en los comedores, la decisión de restar un porcentaje de la "prestación económica para la asistencia" genera interrogantes.
"La autoridad de aplicación podrá, de considerarlo pertinente, aprobar hasta un 6% del monto resultante para el financiamiento de las prestaciones alimentarias para ser destinado a gastos en artículos de higiene y limpieza, gastos operativos de funcionamiento y gastos de conectividad..."
Si bien la intención oficial es mejorar las condiciones sanitarias y de gestión, la pregunta que flota en el aire es si este 6% no debería provenir de otra partida, o si el presupuesto total del programa no debería ser ampliado para cubrir estas nuevas necesidades sin afectar la asistencia alimentaria directa. Para las miles de familias que dependen de estos espacios, cada peso cuenta. ¿Es una ayuda vital o un recorte disfrazado? La polémica está servida.
