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Una resolución crucial revalida el polémico régimen de compensaciones tarifarias para el transporte automotor de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires, asegurando un flujo constante de fondos estatales para sostener el sistema. ¿Quién paga esta fiesta?
Una nueva Resolución N° 34-MTRAGP-2026 ha encendido las alarmas en el tablero económico, confirmando la continuidad del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta medida, lejos de ser un mero trámite, garantiza que miles de millones de pesos seguirán fluyendo desde las arcas públicas para subsidiar el costo del boleto, aliviando el bolsillo de los usuarios pero generando una carga monumental para el Estado.
El decreto N° 3231/25, que aprueba este régimen, es el pilar de esta estructura financiera. En un contexto de ajuste y recortes, la sostención de los subsidios al transporte se mantiene como una prioridad, evitando un impacto directo y potencialmente explosivo en las tarifas para los millones de pasajeros que utilizan colectivos diariamente en la región más poblada del país. Sin embargo, este esquema también alimenta el debate sobre la eficiencia y la transparencia en la asignación de estos fondos. ¿Hasta cuándo podrá el Estado sostener esta inyección de capital? La pregunta resuena en cada estación y parada de colectivo.
Para el ciudadano de a pie, esta resolución significa que el costo de viajar no se disparará, al menos por ahora. Pero detrás de esa aparente calma, se esconde una discusión de fondo sobre la sostenibilidad fiscal y la necesidad de una reestructuración del sistema de transporte que vaya más allá de las meras compensaciones. La pelota, como siempre, está en el tejado de la política.
