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El Instituto Nacional de Vitivinicultura avanza con una drástica limpieza normativa, derogando resoluciones que ya no tienen sentido. ¿Es el fin de la burocracia que asfixia al sector o solo un parche?
El Boletín Oficial acaba de publicar una medida que promete aliviar al sector vitivinícola argentino: el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) ha decidido pasar la escoba y derogar una serie de resoluciones que, según el organismo, ya estaban más que obsoletas e innecesarias. Esta movida, plasmada en la Resolución 35/2025, se enmarca en la ambiciosa ola de desburocratización y modernización que el Estado Nacional viene pregonando, siguiendo los lineamientos de los Decretos Nros. 891/17 y 90/25.
¿Qué significa esto para bodegueros y productores? En esencia, menos papeles y trámites que les hacían perder tiempo y recursos. La Dirección Nacional de Fiscalización del INV fue la encargada de revisar la normativa, identificando desde reglas con vigencia temporal (como las que fijan anualmente el grado alcohólico de los vinos) hasta aquellas emitidas para contextos específicos que ya caducaron.
Esta limpieza busca un INV más ágil y menos intervencionista, facilitando la vida de quienes invierten y producen en el sector. Es un paso hacia una potencial simplificación regulatoria, eliminando cargas administrativas que ya no tenían sentido. Para los interesados, el anexo de la resolución, disponible en la web del BORA, detalla qué normas específicas fueron anuladas. Es crucial que las empresas vitivinícolas consulten este anexo para entender qué trámites ya no serán obligatorios, lo que podría representar un ahorro significativo en costos y tiempo. La medida, aunque administrativa, manda una señal clara de que el gobierno busca desinflar la burocracia estatal en un sector clave de la economía regional.
