¡BOMBAZO! El Gobierno HABILITA LA PRIVATIZACIÓN TOTAL DE AYSA: ¿Adiós al Agua Estatal?
Un decreto de necesidad y urgencia sacude los cimientos del servicio de agua y saneamiento en el AMBA. El Estado Nacional se desprende de la intransferibilidad de sus acciones en AYSA, abriendo la puerta grande al capital privado y prometiendo "eficiencia" tras un gasto millonario. Los usuarios, en vilo.
Índices de Impacto
Organizaciones
- AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
- MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
- AGUAS ARGENTINAS S.A.
- ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS)
- AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA)
- MINISTERIO DE ECONOMÍA
- INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
- MINISTERIO DE JUSTICIA
Fechas Clave
El Boletín Oficial de hoy trae una noticia que hará correr ríos de tinta, y no precisamente de agua potable. Mediante el Decreto 493/2025, el Gobierno Nacional le mete un hachazo al corazón del servicio de agua y saneamiento, modificando de raíz el marco regulatorio de AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.) para pavimentar el camino hacia su privatización total.
El documento, un verdadero DNU, sustituye decenas de artículos del Marco Regulatorio de la Ley N° 26.221 y, lo que es más impactante, cambia el artículo 2° del Decreto N° 304/06. ¿Qué significa esto en criollo? Que el 90% del capital social de AYSA, que antes era "intransferible" y propiedad del Estado, ahora puede ser "enajenado total o parcialmente". Esto es, la venta de la empresa ya no tiene barreras legales en ese aspecto. El restante 10%, antes destinado a extrabajadores, ahora será para "empleados de la sociedad adheridos al Programa de Propiedad Participada".
El Ejecutivo justifica esta medida drástica con un discurso de "profunda crisis económica" y un "creciente deterioro operativo y financiero" de AYSA. Se menciona que entre 2006 y 2023, el Tesoro Nacional transfirió la friolera de USD 13.400 millones a la compañía, sin lograr la eficiencia esperada. Es un golpe directo al modelo de gestión estatal, buscando "nuevos objetivos de gestión, eficiencia e inversión" a través del capital privado.
Pero ojo, no todo es privatización pura y dura. El decreto también le otorga a la futura concesionaria privada nuevas y amplias facultades: desde la potestad de cortar el servicio por mora hasta la posibilidad de constituir garantías con los fondos de explotación para asegurar el repago de financiamiento. Se establece un "régimen de transición" de hasta cinco años post-privatización para una implementación "ordenada y progresiva".
¿Cómo afecta esto a los ciudadanos? Prepárense para un posible cambio radical en la dinámica del servicio. Si bien se promete "mejoras en la cobertura y calidad", la experiencia histórica con privatizaciones de servicios esenciales genera incertidumbre sobre las tarifas y el acceso. La eficiencia buscada podría traducirse en mayores costos para el usuario o en una focalización en zonas más rentables, dejando a otras con menor inversión. Es una apuesta fuerte del Gobierno que definirá el futuro de un servicio vital para millones de argentinos.
