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La Secretaría de Transporte oficializó un brutal ajuste en las tarifas de los servicios de transporte público automotor urbano y suburbano de jurisdicción nacional. Los pasajeros se preparan para sentir el impacto directo en sus bolsillos, aunque se mantienen los beneficios sociales.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, confirmó lo que muchos temían: un nuevo y significativo aumento en los boletos de colectivos y trenes que operan bajo jurisdicción nacional. La Resolución Conjunta 11/2026 aprueba los nuevos cuadros tarifarios que regirán a partir de su publicación en el Boletín Oficial, reemplazando a los establecidos a fines de 2022.
Según los considerandos de la resolución, la medida busca mantener la ecuación económico-financiera que permita el sostenimiento del servicio público, que aseguran se vio afectado por considerables desequilibrios tarifarios. Las cámaras empresariales del transporte habían alertado sobre el atraso de las tarifas nacionales respecto a las de CABA y PBA, generando competencia desleal y reclamando 'más tarifa como mecanismo para ajustar estas diferencias y subestimaciones de cálculos'. Además, se mencionan los incrementos en costos de insumos como el gasoil, seguros, material rodante y repuestos, así como los acuerdos de recomposición salarial con las entidades gremiales.
Es una de cal y una de arena. A pesar del ajuste, el Gobierno se compromete a mantener las ventajas tarifarias previstas en el Sistema de Boleto Integrado, que beneficia a quienes realizan transbordos. Asimismo, se conservará el descuento para los grupos de afinidad o atributos sociales (como jubilados, pensionados, AUH, etc.) que tengan su tarjeta SUBE debidamente personalizada con el atributo correspondiente. Este beneficio implica un descuento del 55% sobre la tarifa general, lo que suavizará, aunque no eliminará, el impacto para los sectores más vulnerables.
Esta decisión se enmarca en la política de reordenamiento económico iniciada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que busca corregir 'desequilibrios tarifarios' y 'romper el círculo vicioso de empobrecimiento generalizado'. Sin embargo, para millones de usuarios, este tarifazo representa una nueva presión sobre sus ya ajustados presupuestos familiares. Es crucial que los ciudadanos verifiquen la correcta aplicación de sus atributos sociales en la tarjeta SUBE para mitigar el impacto.
