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Un decreto de necesidad y urgencia sacude los cimientos del Sistema de Inteligencia Nacional, creando nuevas agencias, centralizando el control de la información y, en un giro polémico, habilitando a personal de inteligencia a realizar aprehensiones. ¿Estamos ante un escudo protector o una peligrosa expansión del poder estatal?
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 941/2025, ha desatado una verdadera revolución en el andamiaje de la inteligencia argentina, invocando la "necesidad y urgencia" para justificar cambios estructurales profundos. La medida, publicada el 2 de enero de 2026, redefine la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y genera una nueva arquitectura de control y vigilancia que no tardará en encender el debate.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) se consolida como el epicentro de todo, asumiendo la dirección y articulación de un sistema reformado. Bajo su órbita, se reestructuran y renombran organismos clave:
Además, se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, y sus funciones se transfieren a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO), buscando evitar superposiciones y ganar eficiencia.
Una de las novedades más impactantes es la creación de dos nuevas "comunidades" bajo la dirección de la SIDE:
Paralelamente, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado bajo la Jefatura de Gabinete de Ministros. Este centro será la autoridad nacional en ciberseguridad, encargado de proteger el ciberespacio nacional, infraestructuras críticas y activos digitales del Estado, diferenciando las tareas de ciberseguridad de las de ciberinteligencia.
El decreto introduce artículos que generarán gran controversia:
"Postergar la adopción de medidas tendientes a la mejora del SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SIN) impedirá garantizar la seguridad, defensa e integridad, haciendo a la REPÚBLICA ARGENTINA vulnerable frente a las amenazas internas y externas", justifica el DNU, apelando a la urgencia para evitar el trámite legislativo ordinario.
Para el ciudadano común, esto significa una centralización sin precedentes de la información que maneja el Estado y una expansión de las facultades de los agentes de inteligencia, que ahora podrían realizar detenciones, generando interrogantes sobre los límites a la privacidad y las garantías individuales. La Comisión Bicameral Permanente del Congreso tendrá la última palabra sobre la validez de este DNU, pero el tablero de juego de la seguridad y la inteligencia ya ha cambiado para siempre.
¿Qué debes saber como ciudadano? La habilitación a los agentes de inteligencia para realizar aprehensiones es un cambio radical. Si bien se exige dar aviso a las fuerzas de seguridad, abre una puerta a posibles abusos o confusiones de roles. Mantente informado sobre el debate en el Congreso y las acciones de organizaciones de derechos humanos.
Contradicción clave: El decreto prohíbe producir inteligencia sobre personas por su opinión política, pero luego exceptúa las actividades de Contrainteligencia de esta restricción, lo que podría generar un vacío legal preocupante y permitir un amplio margen de interpretación para la vigilancia de actividades consideradas "amenaza a la seguridad estratégica nacional".
