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El Ministerio de Salud **liquidó el "Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables"**, aduciendo *baja efectividad y redirección de recursos*. ¿Qué pasará con la salud local?
En un movimiento que sacude los cimientos de la salud comunitaria, el Ministerio de Salud ha decidido derogar el “Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables” y, con él, dar por finalizados todos los convenios que lo mantenían en pie con las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una medida que, sin dudas, generará un fuerte debate sobre las prioridades sanitarias del país.
El programa, que nació en 2008 y fue modificado en varias ocasiones, tenía como noble objetivo promover una alimentación adecuada, garantizar el derecho a la salud y fortalecer políticas de prevención a nivel municipal, trabajando sobre los factores que determinan la situación de salud de la población. Inclusive, contaba con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La justificación oficial es contundente: el Ministerio de Salud observó una “limitada participación de los municipios de Argentina y el escaso cumplimiento de indicadores”, lo que llevó a concluir que los objetivos del programa “no han sido suficientemente alcanzados”. En un contexto de “marco económico restrictivo”, se argumenta que la inversión debe ser “evaluada bajo los conceptos de costo-oportunidad, costo-efectividad y costo-beneficio”, y que es “imperativo redirigir tales recursos hacia intervenciones que maximicen los beneficios sanitarios para la población en general”.
¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie? El fin de este programa podría dejar un vacío en las iniciativas locales de promoción y prevención de la salud, afectando desde campañas de concientización hasta el apoyo a proyectos comunitarios que buscaban mejorar la calidad de vida. Si bien el Ministerio promete reasignar los recursos, la interrupción de un programa con más de una década de existencia genera incertidumbre sobre la continuidad de la atención primaria y la articulación sanitaria en los territorios. La decisión, que se ampara en cláusulas de rescisión unilateral de los convenios, marca una clara reorientación de la política sanitaria nacional hacia un enfoque de mayor eficiencia y centralización de recursos, dejando a los municipios con la tarea de adaptarse a esta nueva realidad.
