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En una movida que genera incertidumbre y un ajuste silencioso, el Poder Ejecutivo estira la vida del presupuesto 2023 para el próximo año. ¿Qué significa esto para tu bolsillo y los servicios públicos?
El Gobierno Nacional, ante la falta de una nueva Ley de Presupuesto para 2025, ha recurrido a una medida drástica pero legalmente permitida: prorrogará el presupuesto del año anterior. Esto significa que a partir del 1° de enero de 2025, seguirán rigiendo las disposiciones de la Ley N° 27.701, que fue el Presupuesto para 2023 y que ya se había prorrogado para 2024.
Esta decisión, amparada en la Ley de Administración Financiera N° 24.156, implica que el gasto público se ejecutará con montos nominales fijados hace dos años, sin contemplar la brutal inflación que vivió el país en 2024. En la práctica, esto representa un ajuste real masivo en todas las áreas de la Administración Nacional, desde salarios hasta inversión en infraestructura y programas sociales.
El decreto instruye al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las "adecuaciones" oportunas, pero la base de partida es un presupuesto ya devaluado. Expertos advierten que esta situación podría generar tensiones en la provisión de servicios esenciales y una fuerte presión sobre los organismos públicos para funcionar con recursos cada vez más escasos en términos reales. La falta de un presupuesto propio también limita la capacidad del gobierno para implementar nuevas políticas o reasignar fondos de manera estratégica, dejando a la Argentina en una especie de piloto automático fiscal con recursos del pasado.
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