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La AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) extendió hasta el 30 de junio de 2026 la suspensión de ejecuciones fiscales para empresas con deudas millonarias del Régimen de Promoción Industrial. Una medida que genera alivio para los beneficiarios, pero reaviva el debate sobre los privilegios fiscales en Argentina.
En un giro que mantendrá en vilo a las arcas del Estado y a los ojos de la opinión pública, la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) ha lanzado la Resolución General N° 5717/2025, que prorroga hasta el 30 de junio de 2026 la suspensión de ejecuciones fiscales para un selecto grupo de empresas. Estas compañías son las beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial de la Ley N° 22.021, y sus deudas se generaron hasta el período fiscal 2015 por haber usufructuado bonos de crédito fiscal en exceso.
Esta decisión es una extensión de un beneficio que ya lleva años. La condonación de estas deudas, que se originó en la Ley N° 27.341 (Presupuesto 2017), preveía un procedimiento para emitir un "Certificado de Cumplimiento Promocional". Sin embargo, la burocracia y los tiempos administrativos han sido la excusa perfecta para sucesivas prórrogas, siendo esta la undécima vez que se extiende el plazo. La justificación oficial habla de "tiempos insumidos" y "solicitudes pendientes de resolución".
Para las empresas involucradas, esto es un respiro financiero enorme, una suerte de salvavidas que les permite seguir operando sin la presión inmediata de un embargo. Sin embargo, para el ciudadano de a pie, esta medida puede sonar a privilegio, especialmente en un contexto de ajuste fiscal. ¿Hasta cuándo el Estado seguirá condonando o postergando el cobro de estas deudas, mientras la presión tributaria recae sobre el resto de los contribuyentes?
La implicación es clara: el Estado renuncia, al menos temporalmente, a recursos que podrían destinarse a servicios públicos o a reducir el déficit. La medida beneficia directamente a un sector específico, pero a costa de la equidad fiscal. La transparencia en la verificación del cumplimiento y la finalización de estos trámites es una deuda pendiente para la administración.
