¡BOMBAZO JUDICIAL! El Gobierno Retira a la Procuración de la Causa Macri

Un giro drástico en la Causa Macri: la Procuración del Tesoro se baja de la querella penal

El Gobierno Nacional, a través del Decreto N° 87/2026, ha provocado un terremoto político-judicial al derogar el artículo 1° del Decreto N° 239/21. Esta medida implica que la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) debe cesar inmediatamente su intervención como querellante en la resonante Causa N° 3561/2019, conocida como "Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública".

¿Qué significa este cambio radical?

Hasta ahora, la PTN, por instrucción del gobierno anterior, actuaba como parte acusadora en representación del Estado Nacional en este expediente que investigaba supuestas defraudaciones millonarias. Sin embargo, la jueza a cargo de la causa decidió el 2 de febrero de 2026 archivarla, argumentando que las denuncias se vinculaban con decisiones de política económica, no con delitos penales. La magistrada sostuvo que tales decisiones corresponden al ejercicio de facultades discrecionales del Poder Ejecutivo y no pueden ser judicializadas penalmente solo por tener efectos macroeconómicos adversos percibidos.

El actual decreto se apoya en el análisis de la propia Procuración del Tesoro, que reconoció que la resolución judicial "respetó formalmente los parámetros constitucionales del debido proceso". Además, el texto oficial subraya que la PTN no tiene especialización en litigios penales complejos ni en delitos económicos, siendo esta una función propia y exclusiva del Ministerio Público Fiscal (MPF), el verdadero "dueño" de la acción penal según la Constitución Nacional.

¿Impacto en el futuro de la causa y el erario público?

Este movimiento, según el gobierno, busca un "uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos", evitando duplicidad de funciones y posibles "interferencias con finalidad de persecución política". Aunque la PTN se retira de la querella penal, el decreto aclara que el Estado Nacional no renuncia a perseguir el recupero de eventuales daños y perjuicios en la esfera civil, que se desprende de la acción penal y no requiere la continuidad de la Procuración como querellante.

La decisión genera un debate encendido: ¿es un paso hacia la despolitización de la justicia o un guiño a la impunidad en casos de corrupción de alto perfil? Los ciudadanos deberán estar atentos a la actuación del Ministerio Público Fiscal, que ahora tiene la pelota en su campo para decidir si impulsa o no la investigación en esta controvertida causa.