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La Procuración General de la Nación lanza un concurso público para cubrir dos puestos de Fiscal Federal en la Capital Federal, una movida estratégica ante la inminente implementación del sistema acusatorio. ¡La Justicia se rearma!
El Ministerio Público Fiscal de la Nación ha puesto en marcha un concurso abierto y público (N° 133) para ocupar dos sillas de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, específicamente para las Fiscalías 6 y 7. Esta decisión, protocolizada en la Resolución PGN 48/2025, no es menor: llega justo cuando se acerca la implementación del nuevo sistema acusatorio dispuesto por la ley 27063 (Código Procesal Penal Federal) en la justicia penal federal porteña.
La llegada del sistema acusatorio implica un cambio de paradigma fundamental. Los fiscales pasarán a tener un rol mucho más protagónico en la investigación de los delitos, desplazando parte de la responsabilidad que hoy recae en los jueces. Por eso, cubrir estas vacantes con perfiles idóneos es crucial para asegurar que la transición sea efectiva y que la persecución del delito se fortalezca.
Para el ciudadano común, esto podría traducirse en una justicia más ágil y eficiente, con investigaciones más profundas y resultados más rápidos, aunque el camino es largo y lleno de desafíos. La transparencia en la selección de estos nuevos funcionarios es vital para restaurar la confianza en el sistema.
Las/os interesadas/os deberán cumplir con los requisitos del artículo 47 de la ley 27148 y el Reglamento para la Selección de Magistradas/os del Ministerio Público Fiscal. La inscripción se realiza a través del “Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas/os” (aprobado por Resolución PGN 96/21). La fecha límite para anotarse es el 30 de diciembre de 2025, a las 16:00 horas.
"Velar por el desempeño eficaz y oportuno de las obligaciones constitucionales y legales en cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Nación es nuestra prioridad", afirmó la Procuración.
Esta medida busca reforzar la estructura del Ministerio Público Fiscal, preparándolo para los desafíos que trae la modernización del proceso penal. Un paso fundamental para la operatividad de un sistema que promete revolucionar la forma en que se investigan los delitos federales en nuestra capital.
